Condenan a Convergència por el cobro de mordidas millonarias en el 'caso Palau'

La sentencia del también conocido como 'caso Millet' se conoció este lunes, ocho años y medio después de que los Mossos d'Esquadra irrumpieran en uno de los templos de la cultura catalana. No por esperado, el fallo, de unas 600 páginas, dejó de caer como una bomba en el nacionalismo, que llevaba años asegurando que tenía las manos limpias, que no había cometido ilegalidades y que todo se trataba de un montaje para atacar al independentismo.

La sentencia, en cambio, acredita que CDC cobró comisiones ilegales y condena a la formación soberanista a devolver los 6,6 millones que a su juicio se embolsó a través de un «acuerdo criminal» suscrito a tres bandas entre el partido, los responsables del Palau y la constructora Ferrovial. «Desde principios de 1999, hasta julio de 2009, el total de comisiones satisfechas por Ferrovial a CDC ascendió, como mínimo, a 6.676.105 euros», concluye el fallo. Convergència podrá hacer frente al comiso a través de las quince sedes que tenía embargadas como aval ante una posible condena, que al final se ha producido.

Según la sentencia, las comisiones ilícitas las pactaron los directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elízaga (que han sido absueltos porque sus delitos han prescrito), Félix Millet y Jordi Montull, en nombre del Palau, y por Convergència Daniel Osàcar y, antes que éste, Carles Torrent (ya fallecido). Por ello, además de probar la culpabilidad de CDC, la Audiencia de Barcelona ha condenado al extesorero del partido, Daniel Osàcar con una pena de cuatro años y cinco meses de prisión por tráfico de influencias, delito de blanqueo de capitales y un delito de falsedad contable. La sentencia apunta, como ya hizo la Fiscalía durante el juicio, que podría haber «altos responsables» del partido implicados. Pero admite que «no han podido ser completamente identificados».

El pacto criminal para el pago de mordidas, según añade la sentencia, se llevó a cabo de tres maneras: dinero en efectivo que recogían los tesoreros, emisión de facturas falsas elaboradas por los proveedores de la formación y falsos convenios de colaboración entre el Palau y una antigua fundación de Convergència. La comisión que Ferrovial y CDC pactaron -considera probado el fallo- era del 4% del importe del total de las adjudicaciones obtenidas por la constructora y esta cantidad se repartía entre CDC por un lado y Millet y Montull por otro, en un porcentaje de un 2,5% para el partido y un 1,5% para estos últimos.

La sentencia del caso Palau tiene dos derivadas. Una la que afecta a CDC. La segunda es la que trata sobre el propio expolio perpetrado por los antiguos responsables de la entidad cultural, Félix Millet y Jordi Montull, que los jueces sitúan en 23 millones. El expresidente del Palau y su mano derecha, saqueadores confesos de la institución musical (aunque nunca llegaron a admitir una cifra tan alta), han sido condenados a nueve años y ocho meses y siete años y seis meses de prisión, respectivamente. Lejos eso sí de los 27 años que pidió inicialmente la Fiscalía.

Los dos principales rectores del Palau, junto con Gemma Muntull, hija de Jordi y que ejercía como directora financiera, crearon un entramado, según consta en el fallo judicial, que les permitió el desvío ilegal desde la contabilidad del Palau de más de 23 millones de euros en obras en domicilios particulares, viajes privados, financiación de enlaces matrimoniales o compra de bienes, entre otros gastos. Todos ellos deberán devolver con sus bienes personales los 23 millones expoliados. Gemma Montull, a pesar del pacto suscrito por su padre con la Fiscalía para rebajar la pena de su hija, ha sido condenada a cuatro años y medio de prisión.

También han sido condenados el exasesor fiscal del Palau Edmundo Quintana (ocho meses), el exasesor del Palau Santiago Llopart (un año y nueve meses), el exsecretario del Patronato de la Fundación Raimon Bergós (dos años), el directivo de Altraforma Miguel Giménez (8 meses), el responsable de Hispart Juan Manuel Parra (8 meses) y los miembros de Mail Rent y Letter Graphic Pedro Luis Rodríguez, Vicente Muñoz y Juan Antonio Menchén (un año y 9 meses cada uno).

El 'caso Palau', que tuvo su origen en una investigación de la agencia tributaria que apreció que en la entidad cultural se movían con mucha alegría los billetes de 500 euros, supuso el juicio a toda una época en Cataluña y representó el fin del llamado oasis catalán. Los principales condenados anunciaron que recurrirán las condenas. La Fiscalía, en cambio, pedirá medidas cautelares para Millet, Osàcar y los Montull.