La Audiencia de Barcelona archiva la causa por la trama rusa del 'procés'

Aguirre investigaba a trece personas por los delitos de traición y malversación. Además de Puigdemont y Mas, estaban siendo investigados Elsa Artadi, exconsejera del Govern; Víctor Terradellas, exjefe de internacional de CDC; el diputado de Junts Francesc Dalmases; el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye; Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont; y el empresario ruso Alexander Dmitrenko. En lo que afecta a Carles Puigdemont, como aforado, la Audiencia Provincial remite el auto al Tribunal Supremo con la petición de archivo.

El pasado 21 de junio, Aguirre decidió abrir una nueva pieza separada para seguir investigando la trama rusa del 'procés'. Fue su respuesta a un auto de la Audiencia Provincial, que le instó a archivar la causa al considerar que no estaban justificadas las dos últimas prórrogas de la instrucción. Los imputados presentaron un recurso contra la decisión del juez Aguirre de seguir investigándoles a través de una nueva pieza separada y ahora la Audiencia Provincial les ha dado la razón.

Según los magistrados Isabel Delgado, Joan Ràfols y Raquel Piquero, la investigación ya ha finalizado al agotarse el plazo de instrucción y no haberse prorrogado en la forma legalmente establecida y sin que el juez Aguirre haya podido «aportar principios de prueba relevantes sobre nuevos hechos relacionados» con la causa. Los magistrados tiran de las orejas al juez Aguirre y le acusan de emplear un «subterfugio procesal» para obviar las instrucciones del mismo tribunal que anulaba la prórroga para seguir investigando. «Sin excusas. Y sin que pueda plantear imaginativas soluciones alternativas procesales no contempladas propiamente en las leyes y que en definitiva burlan la decisión previa del tribunal, lo que constituye un fraude de ley», advierten. «Ni se aporta nada nuevo que no constara ya en la referida pieza, ni existen tampoco principios de prueba sólidos y relevantes que justifiquen su imputación por los posibles delitos de malversación y de traición como pretende el instructor, por lo que la continuación de la investigación por esta vía abocaría en todo caso a una investigación penal prospectiva prohibida por el ordenamiento jurídico», avisan.

En la investigación, uno de los imputados explicó a un dirigente nacionalista que un emisario ruso ofreció en octubre de 2017 a Carles Puigdemont «contar con 10.000 soldados y pagar toda la deuda catalana, pero que el expresident 'es va cagar a les calces». El juez instructor aseguró en su día que tenía abundante documentación que confirmaría la «estrecha relación» personal entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana. Algunos de ellos, dijo el juez, mientras ocupaban «cargos diplomáticos o relaciones con los servicios secretos rusos». Apuntó incluso que en caso de guerra entre Rusia y la UE, podría producirse la salida de España de la UE «por causa de la independencia unilateral de Cataluña apoyada por el Gobierno ruso, mediante soporte económico y militar, ofrecimientos ambos ya conocidos en esta instrucción».

El juez citó a la exconsejera Elsa Artadi, muy próxima a Carles Puigdemont, ahora apartada de la política, que declaró en sede judicial que participó en dos reuniones con dos personas que hablaban ruso y cuyos nombres dijo desconocer. Acudió por indicación de Carles Puigdemont. Hablaron de criptomendas. Una reunión fue en un hotel. La segunda fue en la casa del Canonges, en el Palau de la Generalitat y con presencia de Puigdemont. Fue el día antes de la declaración unilateral de independencia.