La Audiencia apunta contra los exjefes de ETA por el asesinato «por omisión» de Blanco

En su auto, el magistrado García Castellón, que precisamente fue el instructor de la causa hace cinco lustros antes de marcharse como juez de enlace al extranjero, acuerda su reapertura para investigar a los entonces miembros del comité ejecutivo de ETA (ZUBA).

En particular, la querella de la asociación que encabeza Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado por la banda, se dirige contra: Miguel Gracia Arregui, alias «Iñaki de Rentería» («Aparato Militar»); José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri» («Aparato Militar»); María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias «Marisol», también «Anboto» («Aparato Militar-Legales»); Asier Oyarzabal Chapartegui, alias «Baltza» («Aparato Militar-Legales»); Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias «Gadafi» («Aparato Logístico»); Mikel Albisu Iriarte, alias «Mikel Antza» («Aparato Político»); Vicente Goicoechea Barandiaran, alias «Willy» («Aparato Político»); Jokin Echevarría Lagisquet («Aparato Internacional») y Carlos Ibarguren Aguirre «Nervios» («Aparato Tesorería»).

El juez señala que en pocos casos como en este atentado puede «perfilarse con más nitidez» esta figura penal de la «comisión por omisión», «pues quienes ejercían el liderazgo de la organización terrorista, el llamado Comité Ejecutivo, dispusieron de, al menos, 48 horas para detener la acción, pudiendo disponer en todo este tiempo, presuntamente, un dominio directo del hecho, en el marco de la organización, que permite, desde este momento procesal, iniciar una investigación para delimitar el alcance de sus responsabilidades».

Se trataría, según el magistrado, no solo de concretar la existencia cualquier documento o prueba en la que aparezcan indicios de las personas que, «no habiendo participado en la ejecución material de los hechos», hubieran dado instrucciones para el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, sino tambien de determinar si, «quienes pudiendo haberlo detenido en cualquier momento, teniendo conocimiento de la acción, no lo hicieron».

Como primera diligencia, el instructor ha pedido un «informe pericial de inteligencia» a la Guardia Civil en el que se recopilen «todos los elementos documentales sobre el grado y la participación de los querellados en el comité ejecutivo de ETA en la época investigada». En particular, el juez ordena a los servicios antiterroristas del instituto armado que detallen si consideran «factible» que ese ZUBA y sus «integrantes» pudieron haber tomado parte en la decisión de secuestrar y asesinar a Blanco para forzar el acercamiento de los presos. O si estos dirigentes podían haber impedido «de algún modo» que fuese asesinado por los dos autores materiales del atentado, Francisco Javier García Gaztelu, «Txapote», y a su compañera sentimental Irantzu Gallastegui Sodupe. Los dos fueron condenados en 2006 a 50 años de cárcel cada uno como autores materiales de la muerte del político del Partido Popular.

En ese informe policial –explica el juez- la Guardia Civil también deberá incluir «otros elementos documentales» relacionados con otras acciones terroristas «contemporáneas» al asesinato del edil del PP para estudiar el modus operandi utilizado por ETA y su comité ejecutivo.

El auto acuerda dar traslado de la querella interpuesta por Dignidad y Justicia a los querellados, sin que proceda, por el momento, su citación como investigados ni la adopción de medidas frentes a ellos, a la espera del resultado de la diligencia acordada.

Esta reapertura va en consonancia con la ofensiva iniciada por asociaciones de víctimas de la organización terrorista en la Audiencia Nacional y que ha cercado en los últimos meses a varios exjefes de ETA de diversas épocas, que se se han visto inmersos en investigaciones para tratar de determinar si son autores intelectuales de algunos de los asesinatos o ataques perpetrados por la banda.