La Audiencia Nacional desmonta la operación de Prisiones contra una célula yihadista

La Brigada de Información de Madrid, responsable de las pesquisas junto al Grupo de Seguimiento y Control de Prisiones, dieron por hecho que la red liderada por ciudadanos marroquíes «radicalizados» había ordenado que se atentara en Madrid y Barcelona, usando para ello armas de fuego y explosivos adquiridos con el dinero obtenido con el tráfico de droga.

Los investigadores vendieron a bombo y platillo, así quedó reflejado en los medios de comunicación, que los presos comunes de entre 28 y 63 años -cumplían condenas por delitos contra la salud pública- habían trazado un plan criminal desde el verano de 2018 con conexiones internacionales. Y todo ello estaba centralizado en la misma prisión de Valdemoro con la colaboración de un funcionario, Miguel S. M., detenido también por estos hechos por facilitarle un teléfono al llamado «jefe» del grupo, Suleyman E. M.

El resto de presos acusados eran Omar B., Chakir A., Khalid R. y Mohamed CH., trasladado poco antes al centro de Mansilla de las Mulas (León). La Fiscalía pedía para todos ellos entre 11 y 15 años de cárcel por delitos de integración en organización terrorista, proposición para cometer atentados, cohecho o lesiones. Durante los dos años transcurridos hasta la celebración del juicio, los cinco perdieron la posibilidad de salir en libertad provisional y avanzar de grado. Han sido catalogados como presos FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) y sus actividades internas se vieron seriamente reducidas a la espera de juicio.

En su escrito, la acusación pública detalló el alto «grado alto de radicalización religiosa» de la célula, que se hacía temer en la prisión «por su carácter violento», con el que obligaba a otros reclusos a unirse a sus actividades religiosas. Adoctrinaban y captaban a presos con perfiles próximos a la exclusión social para incorporarlos a sus planes criminales. Según la información facilitada por testigos protegidos, hasta en dos ocasiones contactaron con presos que estaban próximos a quedar en libertad para ofrecerles dinero para que cometieran atentados: hasta 4.000 euros al mes y medio millón para su familia. Y a otro interno, otro medio millón de euros a cambio de que llevara una mochila con bombas a diferentes puntos de Madrid.

Estos son los graves hechos investigados que examinó la Audiencia Nacional en enero pasado. La vista oral celebrada por la Sección Segunda de lo Penal, conformada por los magistrados José Antonio Mora, Fernando Andreu y María Fernanda García, ha desmontando ahora toda la tesis acusatoria de Fiscalía, Policía y Prisiones por falta de pruebas, según informan fuentes judiciales.

Tan claro lo han visto los jueces que una vez finalizado el juicio tomaron una decisión unánime: la puesta inmediata en libertad, sin medidas cautelares, de los cinco presos acusados que estaba en prisión preventiva tras haber cumplido su pena por los hecho que les llevaron a la cárcel. Lo han hecho en varios autos a los que ha tenido acceso este periódico. La Fiscalía y la acusación popular, ejercida por la AVT, solicitaron la prórroga de la prisión, pero el tribunal rechazó su petición, les dejó libres y anticipó su absolución en la sentencia. La mediática 'operación Kafig' se ha desmoronado.