El ataque yihadista en Algeciras desata una nueva disputa entre Gobierno y PP

El número dos del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, fue el encargado por parte del Gobierno de llamar en la tarde del jueves a la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, para ofrecerle datos acerca del ataque producido en la ciudad andaluza. La dirigente popular había reprochado horas antes a Sánchez el hecho de que la única información que estaban recibiendo sobre lo ocurrido se estaba produciendo a través de los medios de comunicación.

Pero dicha conversación telefónica entre el secretario de Estado de Seguridad y la también portavoz parlamentaria no cambiaba ayer la tesis en Génova: no creen que sea de recibo que el presidente del Gobierno eluda la responsabilidad de mantener vivo un canal de comunicación con el principal partido de la oposición. Tampoco alcanzan a comprender que, tras descartar Sánchez llamar a Feijóo, no fuese el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la persona encargada de coger el teléfono para conversar con Gamarra.

Además, la llamada entre la dirigente del PP y el segundo de Interior no arrojó luz alguna entre los populares acerca del crimen cometido por Kasine Kanjaa, al que el juez amplió ayer su detención tras acusarle de terrorismo. Fuentes de Génova apuntan que la información trasladada por Pérez no dista de lo que hasta ahora ha aparecido publicado en los principales diarios y televisiones. Aunque lejos de referirse a ello como un hecho aislado, los de Núñez Feijóo recuerdan que esta viene siendo la práctica habitual de Sánchez cuando debe tratar temas de calado con la oposición. En lo que respecta a la guerra de Ucrania, por ejemplo, recuerdan que no han recibido información relevante de los planes del Ejecutivo desde el comienzo de la contienda en febrero de 2022.

Razón por la cual en el PP insisten en denunciar cómo desde la llegada de Sánchez a La Moncloa han dejado de funcionar «los cauces establecidos» entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno. De hecho, uno de los puntos que recoge el 'Plan de Calidad Institucional' presentado esta semana por Feijóo es una mejora en la relación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para las cuestiones troncales, como el terrorismo.

Para saber cuándo se produjo la última conversación entre el líder socialista y Feijóo es necesario remontarse al pasado mes de octubre. Entonces, y mientras que el presidente del Ejecutivo regresaba a España en avión procedente de un viaje a Sudáfrica, el mandatario popular rompió las negociaciones que ambas formaciones estaban a punto de culminar para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo hizo después de que Sánchez le admitiese que no daría marcha atrás en su voluntad de derogar el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del 'procès' –tal y como le exigía entonces ERC a cambio de su apoyo a los Presupuestos–.

La distancia que separa al Gobierno de los populares desde entonces es abismal aunque esta semana hayan alcanzado su primer acuerdo en la legislatura para eliminar de la Carta Magna el término 'disminuidos'. Y el trágico episodio en Algeciras lo pone de manifiesto. Lejos de que lo acaecido uniese a los distintos actores políticos, el efecto ha sido el opuesto. De hecho, ayer el Gobierno no dudó en cargar contra Feijóo por las declaraciones que este había vertido este jueves en relación al crimen en la ciudad andaluza. El expresidente gallego aseguraba que «no podemos criminalizar ninguna religión», pero también ponía el foco en la amenaza del «integrismo islámico». «Desde hace muchos siglos no se verá a un católico matar en nombre de su religión o de sus creencias», apuntaba.

Unas palabras que motivaron ayer las críticas de Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno. «No se corresponden con las declaraciones de un partido político democrático que aspire a gobernar un país como el nuestro, que se ha caracterizado siempre por ser tolerante, que acoge la diversidad y respeta todas las religiones y creencias». La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decía «sentir pena» por sus palabras y le recriminaba estar secuestrado por Vox». Y Marlaska, la noche del mismo jueves, pedía «no confundir una ideología o creencia con un hecho criminal».

Precisamente, los populares aún no han reclamado al Ejecutivo la comparecencia del titular de Interior como sí lo han exigido Ciudadanos o Vox, que ayer registró una batería de iniciativas en el Congreso al respecto. Los de Santiago Abascal pretenden que Marlaska explique las medidas impulsadas por su ministerio para prevenir la actividad terrorista yihadista y las organizaciones que promueven estos ataques.

En lo que sí insisten los populares es en la necesidad de convocar la comisión del pacto antiyihadista, que se convocó por última vez en 2017 con Mariano Rajoy en el Gobierno. Cs también se mostró partidario de volver a reunir tal comisión, mientras que Vox debería ser incluido si se convoca ya que no contaba con representación parlamentaria cuando esta se constiuyó en 2015.