Atando cabos

En su declaración ante el Tribunal Supremo uno de los encausados, contestando a las palabras pronunciadas por el Rey poco antes, afirmó que el Estado de Derecho no está por encima de la democracia, porque el franquismo también era un Estado de Derecho. No es el único que ha seguido esta línea de pensamiento. Hay otros que, aunque no simpaticen con la causa independentista, escinden principio de legalidad y principio democrático: unos para dar prioridad a la ley y a la Constitución; otros, para anteponer la democracia. Aunque con finalidades distintas, todos cometen el mismo error: tratar al Estado de Derecho y a la democracia como si fueran cabos sueltos.

Desatar esos cabos tiene malas consecuencias: o el Derecho se vuelve antipático y represor de una democracia «amigable» o la democracia se identifica con la mera espontaneidad popular. Cualquiera de estos resultados es malo para el Derecho y malo para la democracia.

Desde que, después de la segunda guerra mundial, la democracia diese un salto para corregir los errores que habían llevado al fascismo, al nazismo y al conflicto armado, esta separación no se puede mantener: democracia y Estado de Derecho no son ideas separadas ni, mucho menos, contrapuestas. Son las dos caras de la misma moneda porque no hay Estado de Derecho sin democracia ni democracia sin Estado de Derecho.

Empecemos por el Estado de Derecho. Afirmar que el franquismo lo era es, simplemente, desconocer la historia europea desde los juicios de Núremberg. Fue entonces cuando quebró definitivamente una concepción reduccionista del Estado de Derecho que se limitaba a exigir obediencia a cualquier ley, fuera esta justa o injusta. No es cuestión de enumerar aquí los numerosos textos nacionales e internacionales que exigen que el Derecho, para ser tal, ha de ser por fuerza democrático, esto es, elaborado por asambleas representativas de todos los ciudadanos, conforme al principio de la mayoría, con respeto a los derechos de las minorías y en condiciones de publicidad. Y, además, aplicado por jueces independientes,respetando la igualdad y los derechos fundamentales. Me veo obligada a recordar a los protagonistas del procés que, por mucho que les moleste, en 2019, nuestro Estado de Derecho no es un Estado de derechas, ni mucho menos franquista.

Y sigamos con el Estado Democrático. No hay, ni puedehaber, democracia sin Derecho porque las normas jurídicas no son imposiciones que atenacen al pueblo, sino manifestaciones de su soberanía, de manera que, al obedecer a la ley, se obedece a sí mismo.

Lejos de limitar a la democracia, el Derecho la configura. Cada lector tendrá su propio juicio sobre la nuestra y será partidario de mantenerla o enmendarla. Pero quienes estén a favor del cambio coincidirán conmigo en que, por muy radicales que sean sus posturas, no podrán llevarlo a cabo si no es mediante normas jurídicas. Los propios partidarios de la independencia saben de la importancia del Derecho para configurar la democracia y, por eso, el Parlament de Cataluña aprobó en 2017 la Ley del referéndum de autodeterminación. El problema es que dicha norma, además de haber sido elaborada con grave quebranto de los derechos de las minorías, resultó manifiestamente contraria al Estatuto de Autonomía y a la Constitución, normas aprobadas, a su vez, en referéndum.

Seamos realistas: cuando los partidarios de la independencia anteponen democracia a Estado de Derecho, no desprecian cualquier tipo de Derecho. Lo que quieren es dejar de lado el que ha sido elaborado democráticamente en España y remplazarlo por el suyo.

Hace menos de un año, J. J. Millás escribió un estupendo artículo sobre atar cabos, que se titulaba «Ah, era esto», donde afirmaba que los cabos se desatan por falta de memoria o por intereses inconfesables. A esto cabe añadir la ignorancia, pero esta harina es de otro costal. En cualquier caso, no me parece que, a estas alturas, resulte de utilidad desentrañar las causas del descalabro o empezar a repartir culpas, lo que queda en manos de los Tribunales. El resto de los mortales deberíamos, más bien, ocuparnos de enlazar lo que se ha ido desgajando.

Nuestro Estado de Derecho no impide la política, porque los ciudadanos, los partidos y otras fuerzas sociales pueden, y deben, debatir, negociar y consensuar decisiones. Ese debate es inherente a la democracia y es el paso previo para cambiar las normas jurídicas. Ahora bien, todo tiene sus rayas rojas. La nuestra es una Constitución en la que todo también se puede reformar, hasta la forma de democracia, siempre que sea de acuerdo al procedimiento que ella misma prevé. Esto es, conforme a Derecho.