Las asociaciones de jueces entran en el debate

¿Cuál es su valoración sobre las decisiones del Tribunal Constitucional?

Desestimación de las recusaciones. Respecto a la primera decisión que adoptó el TC, la desestimación de la recusación solicitada de los magistrados Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, que se verían sustituidos por los propuestos por el Gobierno, Juan Carlos Campo y Laura Díez, de salir adelante la reforma que promueven los grupos parlamentarios de Unidas Podemos y el PSOE, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), afirma que la corte de garantías suele ser muy restrictiva a la hora de realizar las recusaciones debido a que es un órgano en el que no se pueden efectuar sustituciones de unos magistrados por otros.

Mientras tanto, Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, apunta que si bien los tribunales han de preservar la apariencia de su imparcialidad, invita a no realizar un análisis simplista, puesto que también hay que garantizar que las instituciones funcionan: «La recusación no puede ser una herramienta de bloqueo», defiende. Fernández Vaquero recuerda que además de los dos magistrados recusados, hay otros dos cuyo mandato también está vencido, pero contra los que no se objetó.

Cristina de Vicente, vicepresidenta del Foro Judicial Independiente, agrega que hay que esperar a conocer los argumentos de la desestimación de la recusación, pero señala que parece que se ha producido por una cuestión formal dentro de la normalidad, dado que quien solicitó las recusaciones no formaba parte del procedimiento.

Desde Jueces y Juezas para la Democracia, Ascensión Martín, si bien respeta, no comparte la decisión de desestimar las recusaciones, puesto que se dirigía a personas directamente beneficiadas o perjudicadas, a personas afectadas por la cuestión que se dirimía, y además advierte de que el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea es muy cuidadoso con la apariencia de independencia. Asimismo, señala que, si bien respeta la decisión, pone de relieve que no fue tomada por una mayoría cualificada, sino sólo por un voto, de seis contra cinco.

Suspensión de la votación en el Senado de las dos enmiendas. Ese mismo argumento, el de que la decisión se adoptó por un voto de diferencia, y no por unanimidad o por una mayoría cualificada, utiliza Martín para discutir la decisión del TC de adoptar las medidas cautelares solicitadas por el Partido Popular y para poner de relieve que existen dos líneas jurídicas de interpretación: «Respetamos la decisión del Tribunal Constitucional, pero había que valorar todos los intereses y otra posición quizás habría resultado más correcta», defiende.

A juicio de Martín, «lo más prudente» habría sido dejar que el poder legislativo hubiera terminado con la tramitación, es decir, que las enmiendas se hubieran podido votar en el Senado esta semana una vez superado el trámite en el Congreso de los Diputados el pasado jueves. Martín considera que de haber paralizado el trámite, hubiera tenido más sentido haberlo hecho antes de la votación en la Cámara Baja y de haberse visto que la reforma recogía la aprobación de la mayoría. El poder legislativo, asegura, tenía que terminar su proceso. Con este modo de proceder, esgrime, «se sienta un precedente peligroso».

Pero, de acuerdo con María Jesús del Barco, la corte de garantías ha hecho «lo único que podía hacer para defender los derechos y libertades de los parlamentarios» y para propiciar que haya debate sobre la reforma judicial. Del Barco incide en que el Constitucional no impide que se modifiquen las leyes, pero sí preserva que se haga a través del trámite parlamentario apropiado. En esta misma idea también insiste Cristina de Vicente, quien destaca que la forma de tramitar las normas escogida por el PSOE y Unidas Podemos va en detrimento de los derechos fundamentales de las minorías parlamentarias y del debate parlamentario. De Vicente recuerda que con la decisión adoptada el Tribunal Constitucional sigue su propia jurisprudencia en virtud de la cual no es correcto enmendar leyes (las orgánicas del CGPJ y del TC) que no tienen que ver con la ley enmendada (el Código Penal) porque ello hurta el derecho de las minorías a la discusión en las Cámaras. «Todo el mundo sabía que esto iba a pasar», asegura, taxativa, De Vicente.

El representante de la Asociación Francisco de Vitoria, si bien reconoce que la decisión del Tribunal Constitucional es «muy delicada y con implicaciones en el funcionamiento de la democracia y del equilibrio de poderes», se encuentra «dentro del marco constitucional». Sitúa, por tanto, en la normalidad la adopción de las medidas cautelarísimas para suspender la votación de las enmiendas que estaba prevista para este jueves: a su juicio, hay que aceptar que las instituciones tienen atribuciones que a veces implican la toma de «decisiones delicadas». Fernández Vaquero insiste también en que el fallo de la corte de garantías «no quiebra nada», si bien concede que al sistema se le está sometiendo a una «tensión extrema, máxima», lo que lleva a la adopción de medidas «polémicas». Sí advierte contra la «opinión politizada» cuando, explica, se quiere hacer ver que se está dando un golpe de Estado cuando se introducen enmiendas a una ley para modificar otras o cuando se dice que se rompen los principios democráticos cuando la corte de garantías acepta tomar medidas cautelarísimas que suspenden una votación. Para el portavoz de la Francisco de Vitoria, tanto el legislativo como el Constitucional están adoptando «decisiones arriesgadas», «están llevando al extremo sus atribuciones», pero «sin que por ahora rompan el sistema».

La representante del Foro Judicial Independiente señala que el legislativo debe «rectificar sobre la marcha» y tramitar de forma correcta las enmiendas. María Jesús del Barco concreta que la vía correcta para hacerlo es la presentación de un proyecto de ley o de una proposición de ley, preferiblemente la primera, porque incluiría una fase previa de informes preceptivos de los diversos organismos, como el Consejo de Estado, y además los jueces serían oídos sobre la reforma, tal y como recomienda la Unión Europea que se haga en el caso de normas que cambian el funcionamiento de la justicia.

Mientras tanto, desde Jueces y Juezas para la Democracia Ascensión Martín señala como cita inmediata y desbloqueadora la que hoy tiene lugar en el Consejo General del Poder Judicial, cuyo pleno se reúne esta tarde con objeto de votar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponde renovar. Si este órgano llega a un acuerdo sobre este asunto y acuerda sus nombres, también podrían tomar posesión los candidatos propuestos por el Ejecutivo para la corte y ya no habría necesidad de cambiar las leyes porque se habría logrado el objetivo que perseguían los grupos parlamentarios al presentar sus enmiendas.

Para Jorge Fernández Vaquero se han de reunir cuatro condiciones para resolver la situación: el CGPJ debe nombrar a los magistrados del Constitucional que le correspondan; además, a su vez, cada organismo debe cumplir con lo que le corresponde, es decir, el Congreso y el Senado deben cumplir con su misión de renovar el órgano de gobierno de los jueces; en cuanto al TC y al CGPJ, sus magistrados y vocales deben dejar de actuar como si fuesen grupos parlamentarios; y, por último, el Gobierno debe asumir que el poder judicial no es un instrumento de ejecución de sus políticas y que las decisiones que adopta no son por oponerse al Ejecutivo o por ejercer un papel obstruccionista, para que así no cunda que hay un conflicto entre la democracia y la judicatura.