La Asociación de Fiscales considera falso que el Derecho Europeo exija reformar la sedición

El colectivo de sensibilidad conservadora recuerda que con la tramitación de esta iniciativa «se desconoce un principio básico del Derecho, que no admite leyes singulares por su muy dudosa constitucionalidad», subraya en un comunicado.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria también con seis de los nueve vocales electos en el Consejo Fiscal, el máximo órgano asesor del departamento dirigido por Álvaro García Ortiz, considera que la reforma del delito de sedición «de la trascendencia y calado» que se pretende, con la factible inclusión de la malversación, debe realizarse con sosiego y, por lo tanto, recabando informes consultivos tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como del Consejo de Estado y del Consejo del Ministerio Público.

En clave política, señala además que «no es cierto» que el Derecho de la Unión Europea exija a España reformar este tipo penal, y recuerdan que la sedición se ha mantenido en todos los códigos penales, incluido el del 1995, «conocido como el Código Penal de la democracia».

Indica también que «tampoco se sostiene» que las penas previstas por este delito sean superiores a las previstas por conductas que se tipifican, reciban o no el nombre de sedición, en otros países de la Unión Europea. Y aseveran que tanto el informe de la Fiscalía sobre el indulto a los líderes del 'procés' como el de la Sala Penal del Tribunal Supremo ya lo pusieron de manifiesto «con claridad».

Además, consideran que la reforma propuesta supone una desprotección del orden constitucional, porque este exige tipos penales específicos y penas que cumplan con las funciones preventivo-generales y especiales que le son propias.

El comunicado llega después de que el Gobierno haya propuesto derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados. Este nuevo tipo penal contempla penas para las autoridades de tres a cinco años de prisión -frente a los diez a 15 años que recoge el Código Penal vigente- e inhabilitación para empleo o cargo público de seis a ocho años -frente a los diez a 15 años actuales-, según recoge la proposición de ley orgánica presentada por PSOE y Unidas Podemos.