El artículo 155 cumple 155 días en vigor

En lo inmediato, en dos semanas se activa en Cataluña el calendario de preinscripción escolar para el próximo curso de infantil, primaria y secundaria obligatoria. El Ministerio de Educación avanzó en febrero su intención de que esta vez esté garantizado «el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular», catalán o castellano, en la que estudiarán sus hijos. La decisión generó de inmediato una fuerte controversia política y en la comunidad educativa, y el plazo para presentar las solicitudes se retrasó al 13 de abril. Ahora fuentes gubernamentales confirman que la próxima semana se tomará una decisión y se concretará el mecanismo para conjugar la libertad de las familias y el modelo de escuela catalana.

Se trata de una cuestión muy sensible en Cataluña, donde la inmersión lingüística es una de sus señas de identidad. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, niega que el modelo vaya a ser reformado y argumenta que hay que encontrar una fórmula para que se cumplan las sentencias judiciales que apuntan a que, como mínimo, un 25% de las asignaturas sean impartidas en castellano. Pero formaciones como el PSOE o el PNV cuestionan que el Gobierno pueda ampararse en el artículo 155 de la Constitución para tomar decisiones «políticas» en esta materia y los nacionalistas vascos, de quienes depende el futuro de los Presupuestos de 2018, advierten de que se trataría de un «salto cualitativo».

Precisamente, gestionar la Generalitat de la manera más técnica y discreta posible ha sido el principal empeño de la Moncloa. El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales celebró en diciembre, en su primer balance en el Senado, que el 155 se estuviera aplicando «sin pisar ningún callo». Y cuando la semana pasada volvió a la Cámara alta, se defendió de las críticas de Esquerra por haber «ocupado» Cataluña con el mismo argumento, el de haber limitado la presencia en Barcelona a él mismo, un representante del Ministerio del Interior y un director general. «Si eso es ocupación, su cuerpo de armas también está flojo», bromeó Roberto Bermúdez de Castro.

Eso sí, los resultados de la intervención son, a su juicio, tangibles. Entre el 27 de octubre y el 22 de marzo, 260 cargos de la Generalitat han sido cesados, las llamadas estructuras de Estado catalanas han quedado prácticamente desmanteladas y se han celebrado 21 encuentros extraordinarios del Consejo de Ministros para aprobar 181 acuerdos sobre Cataluña.

Fruto de esas decisiones, el Gobierno ha efectuado pagos por importe de 8.000 millones de euros, de los cuales más de 2.000 han ido destinados a proveedores y 1.100, a entidades locales. Además, se han desbloqueado varias convocatorias de empleo público: 455 plazas para Mossos d'Esquadra y 2.000 para personal docente. En materia educativa, siempre según los datos del Ejecutivo, la cuantía de las subvenciones concedidas supera los cien millones de euros.

El balance de la plataforma Servidors.cat es bien distinto. Son funcionarios catalanes en desacuerdo con la intervención que respondieron al Gobierno agrupándose y creando una página web en la que publican sus informes sobre «inventarios de daños». Hablan de pérdida de oportunidades económicas, vulneración de derechos humanos y de iniciativas legislativas que han decaído debido a la activación del 155. El Gobierno ve en este colectivo a los responsables de las protestas iniciales que extendieron por las consejerías lazos amarillos pidiendo la liberación de los «presos políticos». Pero fuentes del Ejecutivo trasladan que aquellos episodios fueron perdiendo vigor y que a día de hoy no se topan con manifestaciones de descontento o resistencia en el trabajo diario.

De hecho, defienden que nunca se cumplió el pronóstico del exconsejero de Asuntos Exteriores de Cataluña, Raül Romeva, que días antes de la intervención advirtió de que los empleados públicos catalanes nunca obedecerían las órdenes del Gobierno central. Catedráticos de Derecho Constitucional que ejercen en distintas universidades certificaron el 14 de marzo en el VII Foro de las Autonomías celebrado en el Senado que ni hubo «rebelión de los funcionarios» ni «graves algaradas de los ciudadanos en las calles». «La aplicación del artículo 155 -subrayaron en su informe- ha sido mucho menos problemática de lo que podía haberse esperado».