El juez archiva la causa penal contra Ada Colau

La entidad que presentó la querella -la Asociación para la transparencia y la calidad democrática- acusó a la edil barcelonesa de firmar de manera arbitraria y discrecional, sin concurrencia pública y sin justificar el interés público una serie de ayudas económicas para entidades afines a los comunes. Las beneficiadas fueron el Observatorio Desc, donde trabajaba la propia alcaldesa antes de dar salto a la política institucional; Ingenieros sin fronteras; la PAH, de la que Colau fue portavoz y su figura más visible; y la Alianza contra la Pobreza energética. El juez ha archivado el caso. «No constituyendo los hechos objeto de la querella infracción penal alguna, debo acordar el sobreseimiento y archivo de las presentes actuaciones», según el auto dado a conocer este viernes por el juzgado de instrucción 21 de Barcelona.

Según el magistrado, de las pruebas practicadas, «no se desprende ninguna conducta penal». Y señala que cuando Colau tomó posesión de su cargo como alcaldesa, delegó parte de sus funciones, entre las que figuraban la de concesión de subvenciones, en las diferentes estructuras de las áreas y gerencias. Sí apunta que la interventora del ayuntamiento observó «irregularidades» pero que «nunca transcenderían al ámbito penal». En relación a los distintos expedientes aportados a la causa, que eran la base de la acusación, «en ninguno de ellos se detecta irregularidad alguna», según el auto. «No consta que la investigada haya dictado resolución alguna de ningún tipo», por tanto «decae toda la construcción inculpatoria», afirma el juez, «entendiendo que no ha existido conducta ilícita alguna atribuible a la investigada».

La alcaldesa de Barcelona, que ya ha confirmado que optará a una tercera legislatura, tiene otra causa pendiente, después de que la Audiencia de Barcelona ordenara a un juzgado de instrucción que admitiera la querella presentada por un fondo buitre que el juez había archivado. Colau fue denunciada en 2020 por la firma Vauras Investments, dedicada al sector inmobiliario, pues considera que se vio forzada por parte del Ayuntamiento de Barcelona a ceder unos pisos de su propiedad para que fueran destinados a alquileres sociales. El inmueble, conocido como Bloc Llavors, estaba ocupado por familias en situación vulnerable.