Archivadas las querellas contra Aragonès por los avales del Tribunal de Cuentas

El TSJC ha archivado la causa, al considerar que los hechos no son constitutivos de un delito de prevaricación y malversación, según pretendían las querellas. «El relato pormenorizado de hechos expuesto en las querellas no denota contenido delictivo alguno», afirma el auto del Alto Tribunal hecho público este jueves y que da la razón a la Fiscalía, que ya se mostró a favor del archivo del caso. Los jueces descartan el delito de malversación, pues entienden que la Generalitat «sigue conservando el control sobre los recursos y dispone de un procedimiento ejecutivo que garantiza su retorno». «Sólo se podría perseguir a los miembros del Gobierno si el aval se ejecuta y después no se pide su retorno», afirma el auto.

El Govern aprobó un decreto que creaba un fondo de 10 millones, que debía servir para que el ICF avalara la fianza de 5,4 millones que el Tribunal de Cuentas impuso a una treintena de exmiembros del Gobierno catalán o exaltos cargos del Ejecutivo, como Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Andreu Mas-Colell o Raül Romeva. Están encausados por haber malversado presuntamente 5,4 millones en la internacionalización del 'procés', durante los gobiernos de Mas y Puigdemont. Buena parte de la treintena de investigados se acogieron a la fórmula diseñada por la Consejería catalana de Economía. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no aceptó el aval con fondos públicos. Finalmente, los partidos y algunos de los encausados avalaron las fianzas con fondos e inmuebles propios. En cualquier caso, Vox, Convivencia Cívica Catalana y Carlos Carrizosa (Ciudadanos) ya habían presentado sus querellas contra los miembros del Govern por aprobar el decreto de creación del fondo.

El TSJC descarta también el delito de prevaricación administrativo, porque a su entender el Gobierno catalán no sólo es un órgano administrativo sino también político y constitucional, y en consecuencia sus actos políticos y legislativos, como es el decreto ley que aprobó el pasado mes de julio sobre los avales, «no pueden ser perseguidos penalmente por prevaricación porque no son simples resoluciones administrativas sino normas con rango de ley».