Cristian Reino
Barcelona
Jueves, 29 de febrero 2024, 12:41
Primero, la ley de amnistía, a continuación, la mesa de diálogo para abordar la resolución del pleito catalán. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque la mesa de diálogo antes de Semana Santa. ... Aragonès, en negociaciones para aprobar las cuentas de su ejecutivo, ha reiterado que las elecciones catalanas serán en febrero de 2025, cuando corresponde. Antes del final de su mandato, el dirigente republicano exige a Sánchez «avances» en la cuestión de la soberanía de Cataluña. El Govern defiende un acuerdo de claridad a la canadiense para poder pactar los términos de un referéndum, aunque nadie en el arco catalán avale esta propuesta. Pero antes de reunir la mesa de diálogo, PSOE y Junts tienen aún que cerrar la negociación de la ley de amnistía.
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Les queda una semana de plazo. Si en siete días no se ponen de acuerdo, la ley podría decaer, salvo que apuren una última prórroga. Aragonès ha confiado en el acuerdo entre socialistas y junteros y ha señalado que no entendería que los de Puigdemont volvieran a votar en contra de la norma. «Con la amnistía a tocar, estamos más cerca de culminar la independencia que hace tres años», ha afirmado en RTVE. «SI hay acuerdo político, el técnico ha de ser posible», ha dicho sobre las diferencias entre PSOE y Junts. Los postconvergentes no se mueven de su posición: exigen que la ley cubra a todos los independentistas, incluidos los encausados por terrorismo y alta traición. «Lo que no podemos hacer es ponernos la toga de jueces», ha advertido Aragonès a los de Puigdemont. Según Junts, la ley debe garantizar que los dirigentes huidos puedan regresar a Cataluña sin tener que pagar ningún precio político: ni renunciar al 1-O ni al 27-O y seguir reconociendo el derecho a la vía unilateral. «Que nuestra libertad fuese acompañada de la libertad del resto de represaliados, de todos ellos», según señaló en redes sociales Toni Comín.
La negociación de la ley de amnistía en su fase final coincide con la consulta interna convocada por la ANC, plataforma nacionalista que organiza las manifestaciones del 11-S, para decidir si impulsa una lista propia en las próximas elecciones catalanas. El independentismo radical se moviliza de cara a la cita electoral, de dentro de un año. Más presión para Carles Puigdemont, que hasta hace bien poco lideraba al independentismo más radical, pero que se ha alejado de estas posiciones más inmovilistas tras apoyar la investidura de Pedro Sánchez y entrar en la ecuación de la gobernabilidad española.
Las bases de la ANC deciden entre mañana y el día 14 de marzo si impulsan una lista electoral alternativa a Junts, ERC y la CUP. Sería una cuarta opción secesionista, que puede hacer daño electoral a Junts, que hasta la fecha se llevaba el voto nacionalista más unilateralista. Junts puede perder votos por la irrupción de la lista de la ANC y también por la ruptura interna. El sector afín a Laura Borràs está menguando a marchas forzadas. Tras la expulsión de la diputada Cristina Casol, borrasista, por denunciar al partido por prácticas de acoso y machismo, la siguiente que podría salir es Aurora Madaula, muy próxima a la presidenta de la formación. El último que se ha bajado del barco ha sido Jaume Alonso Cuevillas, también del sector afín a la expresidenta del Parlament. Sorprende que anuncie su retirada voluntaria de la política en plena negociación de la ley de amnistía, pues es un experto jurista, catedrático de Derecho Procesal en la UB. Esta es una muestra más de que la negociación la llevan entre Puigdemont y Turull y el sector de Borràs apenas cuenta. Cuevillas se va abjurando de la vía unilateral y decepcionado con los partidos independentistas.
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