Aragonès, atrapado en la pugna entre Waterloo y Lledoners

Fuentes próximas al candidato de ERC reconocen que la cuestión del Consejo para la República es uno de los escollos de la negociación con Junts. El organismo exige competencias para decidir la estrategia una vez fracase la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Sería quien daría luz verde a que se convoque otro referéndum unilateral y pide también capacidad decisoria en el sentido del voto de los partidos independentistas en el Congreso de los Diputados. Una línea roja para Esquerra, que facilitó la investidura de Pedro Sánchez y aprobó en diciembre los Presupuestos Generales del Estado.

Pero desde el entorno de Aragonès también apuntan que el Consejo sirve de parapeto para ocultar la lucha que subyace en las negociaciones y que no es otra que el reparto puro y duro del poder en el Govern. Puigdemont quiere seguir mandando aunque Junts no haya ganado las elecciones, se quejan los republicanos, que piden a sus eventuales socios que admitan la derrota en las urnas del pasado 14 de febrero. Y, por tanto, que no reclamen un reparto del poder de 50 a 50. Las elecciones catalanas se planteaban como un plebiscito entre Junts y ERC, según defendió Laura Borràs en campaña, pero el pequeño margen entre los dos partidos ha dejado la gran batalla del soberanismo pendiente de resolución. Esa circunstancia se traslada a la mesa de negociación tapando cuestiones más prosaicas como el plan de gobierno, el reparto de consejerías o el control de TV3 y Catalunya Ràdio.

«El Consejo para la República añade épica a las negociaciones», señala un diputado socialista. Esta entidad tiene actualmente 92.700 socios que han aportado un mínimo de diez euros cada uno. Nació en la pasada legislatura en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat bajo la presidencia de Quim Torra pero nunca ha tenido carácter institucional. Surgió con la «misión» de hacer efectivo el mandato del 1-O, es decir, «que la República proclamada el 27-O se convierta en realidad». En Esquerra siempre lo han considerado el «chiringuito» de Puigdemont. Los republicanos tienen a un dirigente en su cúpula, Isaac Peraire, vicesecretario general de coordinación interna, aunque cada vez se ha ido distanciado más de la entidad. Igual que la CUP.

Además del expresidente Puigdemont, forman parte del consejo de gobierno de esta organización extraparlamentaria, que no vota nadie en las urnas y trata de arrogarse funciones institucionales, Lluís Puig, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Llach o la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie. Mantiene viva la llama del «exilio» y permite al independentismo seguir abonando la esperanza de que aún es posible reactivar el 'procés'.

Nació como un gobierno paralelo en el exilio, en la 'Casa de la República' de Waterloo, para llegar «allá donde las instituciones catalanas no pueden hacerlo» por el riesgo a un nuevo 155. «A los independentistas nos preocupa mucho la tutela del Estado. Sirve para eludir esta tutela», ironizan en Junts. Aragonès abrió la puerta en su discurso de investidura del martes a dotar a la entidad presidida por Puigdemont de un papel en la legislatura, eso sí, sin «sustituciones ni tutelas». De lo que el republicano esté dispuesto a ceder depende su investidura. En la oposición ya le advierten de que se ha dejado «humillar» por Waterloo.