La UCO apunta a la financiación irregular de la campaña que llevó a Rajoy a la Moncloa

La UCO ha llegado a esta conclusión en el marco de la investigación del 'caso Púnica', el sumario abierto en 2014 en la Audiencia Nacional sobre la supuesta financiación en B del PP madrileño. Los agentes, según se relata en un informe entregado al juez Manuel García Castellón fechado el pasado 11 de enero, se han topado con los documentos que apuntan a la financiación ilícita de la campaña de Rajoy en los archivos de dos de los principales implicados en este caso, el exgerente del partido regional Beltrán Gutiérrez y el empresario de la comunicación Ricardo Vázquez.

Esos papeles señalan que los fondos que llegaron de forma ilícita, a través de facturas falsas y empresas ficticias, para la campaña de los comicios generales de hace ocho años, superando con mucho los límites fijados por la ley, llegarían a unos 250.000 euros.

Es en una nota a pie de página, donde la UCO revela que una empresa denominada Krea Producciones Artísticas giró dos facturas por 84.897 y 71.390 euros al «PP de Madrid por servicios técnicos prestados en las elecciones generales del año 2011». Para los agentes no cabe duda de que el abono de estos dos recibios ficticios habría creado un «saldo a favor del PP» nacional. Los investigadores llegan a la conclusión de que Vázquez embrolló conscientemente la contabilidad de («mezclando conceptos facturados que se corresponden con distintos comicios electorales») para camuflar, a través de «empresas instrumentales» el engorde de los gastos electorales de 2011, tanto para los comicios locales y autonómicos como para las generales.

En esta complejísima madeja de facturaciones cruzadas y firmas ficticias, la UCO ha encontrado otro indicio que apuntaría al 'doping' de aquella campaña de Rajoy. Se trata de otras facturas de otra empresa de servicios Troyano Marketing y Diseño, que cobró al PP de Madrid 200.069 euros por la elaboración de «tarjetones», que también fueron usados por el PP nacional para las generales. «Puede concluirse que los mismos (gastos) no habrían sido declarados a los organismos fiscalizadores ni imputados tributariamente al PP como cliente final», zanja la UCO.

A lo largo de 131 páginas, los expertos de la Guardia Civil desgranan, de forma muy técnica, el complejo engranaje que habría tejido el PP de Madrid para mover dinero B a través de empresas instrumentales. Cantidades que, sin ningún tipo de control, dedicaba indistintamente para cubrir gastos electorales.

Ayer la dirección nacional del PP quitó hierro a las graves acusaciones vertidas por la UCO contra Rajoy. «Deberíamos ocuparnos más de los problemas reales que de acusar o crear sospechas cuando luego se archivan y demuestran que son falsas», dijo el secretario general, Teodoro García-Egea, quien recordó la situación por la que pasó la senadora Pilar Barreriro, expulsada del grupo popular tras ser imputada por un supuesto caso de corrupción en su etapa como alcaldesa de Cartagena, y luego reincoporada al partido cuando se archivaron las acusaciones. Para el PP solo valen «las sentencias» y «la verdad judicial». «Ahora solo hay sospechas», remachó el número dos de Pablo Casado.