Antifraude detecta irregularidades en un contrato del Govern de 61 millones

La Oficina Antifraude, no obstante, ha detectado irregularidades en el proceso de compra. De hecho, la propia Consejería de Economía, el mismo día que adelantó los 35 millones, presentó una denuncia ante los Mossos d'Esquadra, por una tentativa de estafa. Tres días más tarde, el Govern retiró la denuncia, ya que consideró que la empresa contratista ya había aportado información suficiente como para rechazar los indicios de estafa. A los dos meses, el Servicio Catalán de la Salud paralizó parcialmente el contrato pues entendía que la necesidad que debía satisfacerse inicialmente se había visto revisada en momentos posteriores. De 60 millones iniciales, el contrato pasó a ser de 35 millones. El 3 de diciembre de 2020, la Consejería de Salud manifestó que los materiales contratados con la empresa fueron entregados en su totalidad.

Casi dos años después y tras la investigación del organismo autonómico, el pasado 9 de febrero, el director de la Oficina Antifraude remitió sendos informes al consejero de Economía y Hacienda y a la directora gerente del Instituto Catalán de la Salud, a fin de que, en el plazo de treinta días, «informen sobre las medidas adoptadas en relación con las irregularidades que se exponen». «Aun teniendo en cuenta la situación de extrema necesidad de aprovisionamiento de material sanitario en los momentos iniciales de la pandemia», el organismo ha detectado «falta de información relativa al origen y contactos preliminares al encargo de emergencia con la empresa Basic Devices. Así, la empresa no constaba en el registro público de contratos de la Generalitat de Cataluña y, por tanto, «no existían referencias previas objetivas de esta empresa».

Tampoco consta documentado ni el contenido ni el alcance de los temas tratados en los contactos preliminares realizados, de las posibles condiciones de ejecución de las prestaciones objeto del contrato de emergencia, de posibles garantías básicas de la efectividad del aprovisionamiento del material a entregar, de los posibles mecanismos de fiabilidad y garantía, aunque fuera básica y precaria, de la importante cantidad que debía ser abonada por anticipado. Se puede concluir, pues, que las consultas preliminares al encargo de emergencia realizado a Basic Devices «no han sido ni esclarecedoras ni transparentes», según Antifraude. «Estas carencias informativas iniciales desactivaron cualquier mecanismo de prevención, detección y solución de conflictos de interés o lucha contra la corrupción», denuncia.

La OAC cree que pudo haber además una posible situación de «prohibición de contratar de Basic Devices», ya que en el momento de la contratación, esta empresa no se encontraba inscrita como tal en el sistema de la Seguridad Social. Esto podría suponer un incumplimiento del reglamento general de la ley de contratos de las administraciones públicas. De confirmarse este hecho, nos encontraríamos ante un «contrato nulo», según Antifraude.

Asimismo, Antifraude constata la posible inexistencia de cobertura legal para el abono anticipado de la prestación. A su juicio, el abono anticipado de 35 millones efectuado el 20 de marzo de 2020 se realizó sin amparo legal. A pesar de las condiciones extremas en las que se llevó a cabo el encargo de emergencia y el orden de pago anticipado, éste último será calificado por la Oficina Antifraude como un «acto de temeridad, que supuso tener que asumir un riesgo no controlado». «La cantidad que se avanzó fue muy elevada, las referencias de la empresa destinataria de los 35 millones de euros eran débiles, todo ello en un entorno de mercado de máxima desconfianza y tensión. De hecho, personas ajenas a la organización pública fueron las que levantaron la alerta de que se estaba ante una posible estafa, invocando, respecto a Basic Devices parámetros de fiabilidad y solvencia que fácilmente podían haber sido detectados por el propio órgano de contratación, como es el de la presentación de cuentas anuales en el Registro Mercantil correspondiente», señala el organismo en el informe remitido al Govern.