Anticorrupción exculpa a Villar Mir en el 'caso Lezo'

Anticorrupción considera que la investigación sobre el pago de una presunta comisión de 2,5 millones de dólares a Ignacio González para la adjudicación en 2007 a OHL del proyecto de cercanías entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero -que no llegó a culminarse- ya está concluida. Por ello, interesa que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 dicte un auto de pase de diligencias previas a procedimiento abreviado para poder formular escrito su escrito de acusación contra seis investigados.

Así, ha anunciado que dirigirá su acusación por los delitos, según los casos, de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental al expresidente madrileño Ignacio González -para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel por otras dos piezas del caso 'Lezo'-; el exconsejero delegado de OHL Javier López Madrid (yerno de Villar Mir); a los directivos de la constructora Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas y Felicísimo Damián Ramos Ramos; el exgerente del Canal Isabel II Ildefonso de Miguel Rodríguez; y al empresario Adrián de la Joya Ruiz de Velasco.

Asimismo, la Fiscalía ha adelantado que no aprecia que existan indicios suficientes para formular acusación contra otros investigados como Juan Miguel Villar Mir, quien en sus diversas declaraciones ante el juez ha negado tener conocimiento del pago de la comisión; el exconsejero delegado de la extinta empresa pública Mintra, Jesús Trabada y el exconsejero delegado de OHL Tomás García Madrid.

OHL siempre ha defendido que en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares por facturas emitidas y contabilizadas de Lauryn Group sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo.

La Fiscalía explica en un comunicado que la investigación ha revelado que la adjudicación de este contrato «obedeció presuntamente a un plan ideado» por Javier López Madrid y el que fuera consejero director general de Construcción Nacional de OHL Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas para «asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual».

Para lograr ese propósito, señala el Ministerio Público, ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel e Ignacio González, quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidía la empresa pública de aguas.

Así para ejecutar este plan y llevar a cabo el pago de dicha comisión, todos estos investigados contaron con la «colaboración esencial» del entonces director de Control de Gestión de la constructora, Felicísimo Damián Ramos Ramos, y del empresario Adrián de la Joya.

El juez García Castellón ya ha enviado a juicio las dos primeras piezas de este causa sobre corrupción en el Canal Isabel II, relacionadas con la compra con fondos públicos de la empresa brasileña Emissao y de la colombiana Inassa por las que sienta en el banquillo a 29 personas. Por estos hechos, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para Ignacio González.