Anticorrupción rastreó los gastos de la reina Sofía y su hermana en Londres

La intención era cotejar esta documentación con la información aportada por la Agencia Tributaria española y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), a quien Anticorrupción pidió un informe ante los indicios delictivos recabados. De forma inicial se puso en el foco en el rey emérito ante las sospechas de que pudiera estar moviendo dinero no declarado ante Hacienda después de su abdicación, en junio de 2014. Lo hizo presuntamente a través de sociedades interpuestas y parapetado en testaferros de su confianza.

Este sería el caso del coronel del Ejército del Aire, ya en la reserva, que trabajaba como asistente de campo de don Juan Carlos o del empresario mexicano sobre el que también se ha extendido la sombra de sospecha. Esta persona, inversor bursátil, podría haberse beneficiado además de información privilegiada en bolsa aprovechando su relación con el exjefe del Estado, sobre todo en los negocios en el extranjero de empresas españolas.

Pero con la documentación aportada por la Agencia Tributaria y la unidad de inteligencia financiera se abrió otra línea de investigación: don Juan Carlos no solo hizo uso de estas tarjetas opacas, sino también otros miembros de la familia de don Juan Carlos, como doña Sofía o su hermana, entre otros. Fuentes consultadas explican que una de las «preocupaciones» del rey emérito tras su abdicación y retirarse de la vida pública era, precisamente, sostener el alto nivel de vida de los allegados que se beneficiaron supuestamente durante años de esta suerte de 'tarjetas black' para sus gastos propios.

En este contexto cobra especial sentido las declaraciones incriminatorias que hizo Corinna Larsen contra su examante entre 2004 y 2009, según ella. Acusó al anterior monarca de tener «cientos de cuentas en otras jurisdicciones» además de Suiza. Una declaración a la cadena BBC que no cayó en saco roto en el seno de la Fiscalía Anticorrupción, que abrió precisamente estas nuevas diligencias unos meses antes, en 2019. «Lo que me parece extraordinario es que estén convirtiendo 40 años de modus operandi de una empresa familiar en un foco sobre una persona», añadió en referencia a su persona.

El caso es que esta «empresa familiar» está ahora en el ojo del huracán. No obstante, fuentes fiscales interpretan como un «balón de oxígeno» la decisión de la fiscal general, Dolores Delgado, de ordenar este martes que las diligencias sean enviadas desde Anticorupción hasta la Fiscalía del Tribunal Supremo. La respuesta oficial es que los indicios hallados contra don Juan Carlos obligan a trasladar las pesquisas dada su actual condición de aforado ante este órgano, una vez que perdió la inviolabilidad constitucional tras su renuncia.

Sin embargo, estas fuentes remarcan que Delgado ya conocía de antemano la existencia de esta investigación en la fiscalía especializada y que no hizo nada hasta que se filtró la noticia este martes. Es más, el departamento dirigido por Alejandro Luzón ya había transmitido su intención de prorrogar las diligencias cuando concluyera el plazo de 12 meses, tal y como estipula el reglamento fiscal. La razón es que quedaban peticiones de documentación pendiente y que era necesario seguir acumulando indicios.

Pero la fiscal general intervino para que sus colegas del Supremo se encargaran del caso. Para ello, decidió darle de nuevo las diligencias al fiscal de Sala Juan Ignacio Campo. Este especialista en delitos económicos es el mismo que ya investiga desde junio pasado las cuentas en Suiza del rey emérito que no fueron declaradas a Hacienda.