Francisco González, más cerca de ser imputado por los contratos de BBVA con Villarejo

Este paso del Ministerio Público pesa como una losa sobre la figura de Francisco González, ya que el juez que instruye el caso, Manuel García Castellón, podría pronunciarse al respecto esta misma semana, según apuntan fuentes judiciales. De hecho, el magistrado suele ser proclive a aceptar las peticiones de imputación de la Fiscalía para este proceso, como así ha ocurrido ya en los últimos meses. El 25 de julio pasado la Fiscalía solicitó esa imputación de la entidad, y el masgistrado la aceptó apenas cinco días después. Así, de confirmarse, el expresidente del banco pasaría a ser un investigado más junto a la propia entidad, imputada a finales de julio como persona jurídica por los supuestos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

En el caso concreto de González, el Ministerio Público ha pedido al juez que le cite a declarar por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, según las fuentes jurídicas. Desde que abandonó el cargo de presidente de honor de la entidad, el pasado mes de marzo justo un día antes de la junta de accionistas del grupo en Bilbao, Francisco González apenas se ha referido a su situación jurídica, al menos públicamente. De hecho, solo se ha referido al 'caso Villarejo' a finales de julio cuando conoció la imputación de BBVA.

En un comunicado, el expresidente del banco pidió «deslindar posibles actuaciones indiividuales de carácter irregular, de la actuación del banco en su conjunto», a la que tachaba de «intachable» y con un «cumplimiento por encima de lo exigible en materia de gobierno corporativo». Además, recordaba que fue él quien «impulsó» la investigación interna para aclarar lo sucedido a partir de 2004.

Además, junto a quien fue presidente de BBVA entre 2000 y 2018, también ha pedido la imputación de Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró 'Senior Advisor to the Chairman'. En los años objeto de las pesquisas fue responsable del BBVA en España y Portugal y responsable de Corporate&Investment, sucesivamente.

Asimismo, Anticorrupción ha pedido que se cite como investigado a quien hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA, Eduardo Arbizu, cuya salida trascendió un día después de que el juez imputase formalmente a la entidad financiera por el caso Villarejo. Como en el caso de González y Asúa, se pide imputación por cohecho y revelación de secretos, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Precisamente, en esta tanda de citaciones Anticorrupción pide que se cite al banco como persona jurídica, después de que se suspendiese la comparecencia inicialmente prevista por razones de agenda del juzgado y quedase pendiente de nuevo señalamiento por motivos relacionados con la defensa, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Junto los mencionados responsables de la entidad, la Fiscalia ha pedido que se cite a personas del entorno de Villarejo ya investigadas en la causa y que participaron en mayor o menor medida en los contratos objeto de las pesquisas, 13 años de encargos por importe superior a los diez millones de euros y que iban desde supuestas tareas de espionaje a emprsarios, políticos y medios de comunicación para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la presunta extorsión de una asociación de consumidores pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.

Las pesquisas se siguen en la novena pieza separada de esta macrocausa que ya tiene 18 líneas distintas de investigación y que se prevé superará la veintena antes de que acabe el año, habida cuenta de la multitud de 'proyectos' y clientes del «clan parapolicial» mafioso que habría estado liderando Villarejo a través de sus empresas y de los que dejó constancia en los más de 40 terabytes de información que se le intervinieron cuando fue detenido, en noviembre de 2017.

En total, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano, y el otrora jefe de Seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y para quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros.

Asimismo, están investigados su sustituta en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas.

Todos a excepción de Béjar, que ya ha acudido varias veces a la Audiencia Nacional y ha prestado declaración,se han venido acogiendo a su derecho a guardar silencio por el secreto de actuaciones, que impide a los afectados conocer lo que obra en la causa contra ellos.

No obstante, el BBVA viene anunciando su absoluta disposición a colaborar con la justicia, ante la que ya habría presentado un informe 'forensic' encargado expresamente para conocer el pormenor de las relaciones con las mercantiles de Villarejo durante la etapa bajo la lupa, cuando presidía la entidad Francisco González.