Anticorrupción pide cuatro millones a la fundación de Florentino Pérez por la trama del 3%

La Fundación ACS, junto a otras 13 empresas de construcción y servicio, aparece en el centro de la investigación que ha instruido el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional desde 2018, tras inhibirse un juzgado de El Vendrell (Tarragona).

De las variadas formas de financiación encubierta, al margen del Tribunal de Cuentas, la Fundación ACS usó la vía de la donación a entes vinculados a CDC como CatDem y Forum Barcelona, «para ocultar el destinatario final». Los acusados Andreu Viloca y Daniel Osácar fueron tesoreros de estas dos fundaciones y ambos forman parte de la lista de 30 personas físicas que se sentarán en el banquillo.

Para Viloca, a la sazón extesorero de CDC, reclaman la pena más alta: 21 años y cuatro meses de cárcel, seguido del también responsable de las cuentas de la formación Germá Gordó, 18 años y diez meses de cárcel. Gordó fue asimismo consejero de Justicia del Govern. En el caso de Daniel Osácar, condenado a tres años y medio por el 'caso Palau', una derivada de la trama del 3%, la petición de la Fiscalía se reduce a un año y medio de prisión por delitos de organización criminal y fraude a la Administración. Una pena que se puede sustituir por trabajos en beneficio de la comunidad.

Según el escrito del Ministerio Público, la obra social de Florentino Pérez acudió a la suscripción de convenios de «colaboración» desde 2008. La Fiscalía enumera el acuerdo entre la Fundación ACS y la Fundación Trías Fargas (denominación anterior de CatDem); los convenios de 2010 y 2011 con Forum Barcelona, cada uno por importe de 30.000 euros; y un contrato de donación de ACS con la Fundación Fórum Universal de las Culturas, de enero de 2011 por valor de 25.000 euros. El importe total de la donación de este convenio ascendió a la cantidad de 120.000 euros, a razón de 25.000 euros al año, durante la vigencia de cinco años.

Por otra parte, la compañía Urbaser -que en las fechas investigadas pertenecía a ACS- suscribió un acuerdo de patrocinio con el equipo de fútbol de Olot (Girona). La duración fue la misma que el contrato suscrito entre el ayuntamiento catalán y la Unión Temporal de Empresa (UTE) IGFA-Urbaser, adjudicado en octubre de 2011 para el servicio de limpieza viaria y gestión de residuos.

Según Anticorrupción, estas entregas estaban vinculadas directamente a contraprestaciones por la adjudicación de concretos contratos de obras y servicios públicos, alterando, en perjuicio de los intereses públicos, los procesos de contratación pública.