Anticorrupción pide 19 años a Zaplana por el cobro de comisiones por adjudicaciones de la Generalitat

Zaplana se enfrenta a 19 años de cárcel por estos hechos, según la petición de la Fiscalía Anticorrupción. De igual modo, le reclaman 40 millones de euros de multa. Los empresarios José Cotino y Vicente Cotino, por su parte, afrontan una pena de prisión de 14 años. Castigos muy severos debido a la gravedad de los delitos que se les imputan.

El ministerio público siempre ha situado al exministro de Trabajo en la cúpula de una estructura dirigida a la ocultación y el blanqueo de millonarias comisiones procedentes del amaño de contratos públicos. El responsable del ministerio público recuerda cómo se inició todo, la denominada hoja de ruta, que eran «cinco hojas a máquina con tachaduras y un recorte de periódico con una noticia de los parques eólicos».

Esa documentación estaba en el despacho del abogado de Marcos Benavent, el exgerente de Imelsa. Se la había dado el famoso sirio, Imad Hadmad Al Naddaf que casualmente vivió en la casa donde residió Zaplana en Valencia. Un inicio de investigación ciertamente rocambolesco. El principal acusado ha impugnado repetidamente esa diligencia. El propio Benavent lo ha hecho en otro procedimiento judicial.

La Fiscalía relata la compleja estructura que se creó para presentarse a los concursos públicos de las ITV y los parques eólicos y las sociedades en el extranjero donde se traspasaron algo más de ocho millones de euros en sociedades que supuestamente terminaron bajo control directo o indirecto de Eduardo Zaplana y Juan Francisco García.

El ministerio público censura el proceso de privatización de las ITV. «No sólo existió una falta completa de explicación y justificación económica y técnica para entregar el servicio y establecer una canon adecuado sino que la Mesa de Contratación fue copada por los políticos». El presidente era Juan Francisco García. El Plan Eólico también estuvo plagado de irregularidades, según el fiscal. Sólo pretendía dar un «ropaje administrativo para conseguir las adjudicaciones pactadas».

Los parques eólicos se aprobaron ya bajo la presidencia de José Luis Olivas quien recibió 580.000 euros de comisión a través de una sociedad familiar. El expresidente fue condenado a un año y medio de prisión por el juzgado de lo Penal 6 de Valencia por un delito de falsedad documental y fraude.

El grupo Sedesa, dirigido por la familia Cotino, obtuvo 86 millones de euros al vender las empresas que habían resultado adjudicatarias de los dos anteriores procesos amañados. En 2001, se había creado Imison Internacional con 600.000 euros que Juan Cotino, entonces director general de la Policía hoy fallecido, llevó a Luxemburgo.

También constituyen Fenix Investments, sociedad donde irían las comisiones de Juan Francisco García. En 2005, una vez reciben las plusvalías de las ventas, proceden a efectuar las transferencias delictivas, según el relato de la Fiscalía. Más adelante, Joaquín Barceló toma las riendas de la compañía, siempre dirigido por el asesor Joaquín Grau. Hasta ese momento, Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía, que tenía un despacho en Luxemburgo se había encargado de las gestiones.

El amigo de la infancia del expresidente Zaplana, Joaquín Barceló, y supuesto testaferro de la red, tendrá que sentarse en el banquillo con una amenaza de cárcel de ocho años. Idéntica petición que se formula contra Joaquín Grau, el asesor financiero de Zaplana. Al otro expresidente salpicado en esta causa, José Luis Olivas, le solicitan seis años de cárcel. Olivas tiene condenas previas por falsificar una factura para perpetrar un fraude fiscal.

En paralelo a las operativas en Luxemburgo, Zaplana y sus colaboradores crean «otra estructura» en Panamá con cuentas en Andorra «para recibir también dinero ilícito». Entre 2004 y 2007, llegan otros casi diez millones de euros de procedencia desconocida que luego se integran en las sociedades de Luxemburgo.

Una de las operativas consiste en lo que se conoce como blanqueo por compensación. Se entrega dinero en efectivo en España a alguien que tiene una cuenta en Andorra y posteriormente se hace un traspaso de fondos de un depósito a otro. El dinero se ha ingresado sin que se haya movido de España. Barceló, con este método, recibió más de seis millones de euros, según el fiscal. La acusación sostiene que en esta fase Saturnino Suances y la exdiputada Elvira Suances tuvieron un papel activo.

Y, por último, el fiscal relata la creación de otro entramado opaco, en este caso, para el retorno de los fondos en el extranjero. Se trata de diversas sociedades controladas también por Joaquín Barceló que realizan diferentes inversiones y compras algunas de las cuales son disfrutadas directamente por Eduardo Zaplana, según el relato incriminatorio de la acusación.

La juez apreció en su día indicios delictivos de organización criminal, blanqueo, cohecho, prevaricación y falsedad documental. De ahí las elevadas penas de cárcel en el escrito de calificación que la Fiscalía ha presentado.

Los investigadores de la UCO sostienen que el dirigente popular se lucró con las adjudicaciones de los parques eólicos y con la privatización de las ITV. En algún momento se ha planteado la posibilidad de que otros fondos ilícitos procedieran de amaños en el parque de Terra Mítica. En total, el expresidente y su entorno recibieron más de diez millones de euros.

De igual modo, entre los procesados figura Mitsouko Enríquez, su secretaria de toda la vida. La Fiscalía mantiene que le ayudaba a gestionar y ocultar el patrimonio del exministro y que actuó como receptora de más de dos millones de euros a través de un sistema de agentes cambiarios. Reclama ocho años de prisión por diferentes delitos.

Zaplana siempre ha negado los hechos. En primer lugar disponer o haber dispuesto de fondos en el extranjero. Los procesados están pendientes de si la Audiencia valida la instrucción, la última oportunidad para evitar el banquillo.

El exministro ha planteado la nulidad de lo actuado por el registro del despacho del letrado de Marcos Benavent que dio origen a esta investigación y por el sorprendente cambio -de imputado a testigo- por parte del supuesto testaferro de su patrimonio. Se trata del abogado uruguayo Fernando Belhot. Prácticamente todos los procesados han pedido la nulidad de esa resolución. Por ejemplo, Olivas insiste en que no tiene sentido que cobrara un soborno años después de producirse los hechos.

La juez ha dictado esta resolución sin que la Audiencia haya resuleto aún acerca de la instrucción practicada por la titular de Instrucción 8 de Valencia. No es lo habitual, pero en algunos supuestos se aguarda al pronunciamiento de la Sala antes de abrir juicio.

En las últimas semanas, además, existen vías de comunicación abiertas en las que se negocia una conformidad, un acuerdo con el fiscal a cambio de una rebaja de pena. Uno de los interesados es Juan Francisco García, el que fuera número 2 de Zaplana. Su empresa familiar, Dobles Figuras, aparece como destino final de supuestas cantidades de origen sospechoso. En total, más de dos millones por su presunta participación en la trama delictiva. La petición de pena quizá acelere estas conversaciones, aunque queda mucho margen para la celebración del juicio.