Anticorrupción pide 38 años de cárcel por un proyecto fallido de Aguirre

A los seis procesados se les atribuye delitos continuados de prevaricación en concurso ideal con malversación de caudales públicos, y de forma alternativa un delito continuado de fraude a la Administración Pública. La empresa pública CJM se constituyó en 2005 para desarrollar y ejecutar el proyecto de Campus de la Justicia, que tenía por finalidad construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales autonómicas. Finalmente no se acabó y quedó en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones.

Junto a Prada, presidente y consejero delegado de CJM en la etapa objeto de esta acusación, dentro de la estructura directiva de la sociedad se encontraban los acusados Isabelino Baños Fernández (director general técnico), Mariano Sanz Piñar (subdirector técnico), Alicio de las Heras (director de Área Financiera), Félix García Castro (letrado asesor) y el citado Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad). Este último está también imputado en el denominado 'caso Tándem' sobre las actividades presuntamente irregularidades del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.

La previsión monetaria de ingreso por venta de inmuebles judiciales era en torno a 200 millones. Sin embargo, solo dos operaciones llegaron a realizarse: la venta del inmueble ubicado en la calle Fernández de la Hoz número 35 de Madrid, en mayo de 2005, por 13,5 millones y la venta del inmueble ubicado en la calle Hernani, número 59 de Madrid, en octubre de 2006, por 62,1 millones.

Así, el capital con el que se constituyó la sociedad fue de 7.350.000 euros si bien en 2006 tuvo una ampliación por 37.289.000 euros y pasó a tener de capital social 44.639.000 euros, una cifra que se mantenía a finales de 2008. Añade la Fiscalía que entre 2005 y diciembre de 2008 la capacidad financiera real de CJM no superaba los 121.657.728 euros, y pese a ello el total comprometido a través de contratos de CJM fue muy superior.

Además, la Fiscalía concreta que los gastos de CJM fueron efectuados por transferencia bancaria, pagos en efectivo y mediante tarjeta de crédito. Los pagos con tarjeta incluían los relativos a viajes en los que no había justificación de su finalidad institucional, al no existir documentación soporte de la realización de los desembolsos con cargo al erario público.

Tampoco en materia de personal se halló justificación documental de aspectos relevantes como el procedimiento para la elección de las personas, la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad o la publicidad de los procesos de contratación. Junto a estos gastos, la instrucción ha acreditado la ausencia de documentación justificativa del proyecto, de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad o de rendición de las cuentas.

El proyecto de terminar con la dispersión de sedes judiciales de la Comunidad de Madrid concentrándose en una sola sede, durante los dos años y medio de la primera etapa de CJM, debía adecuarse a la normativa estatal y autonómica. Sin embargo, los acusados concertaron contrataciones «con deliberada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de contratación, afectando a todas las fases del procedimiento de contratación: toma de decisión del gasto, selección de procedimiento de adjudicación, tramitación del procedimiento, adjudicación y ejecución».

Entre las conductas irregulares destaca la inexistencia de informes de necesidades a satisfacer, la incorrecta definición del objeto del contrato, los criterios de valoración poco precisos o la inexistencia de estudio sobre el coste del contrato salvo en los contratos de obra. En la actualidad, concluye el informe, del proyecto diseñado quedan túneles de intercomunicación de edificios, un edificio inacabado, una pluralidad de maquetas, libros y folletos.