El anticipo de las balanzas fiscales sitúa a Madrid como el mayor contribuyente a la solidaridad

El Ministerio de Hacienda ha decidido poner encima de la mesa el debate de las balanzas fiscales autonómicas, una vez superado el trámite de la ley de amnistía, y con la vista puesta en el proyecto de Presupuestos para este año. Los partidos defensores de la supuesta discriminación económica de Cataluña frente a otras comunidades cuentan ya con los primeros datos que les permitirán calcular el relato sobre el que han asentado su estrategia desde el 'procés'. Aunque los registros publicados ayer por el Instituto de Estudios Fiscales (organismo dependiente de Hacienda) muestran que es Madrid la comunidad que más contribuye a la solidaridad interterritorial junto a Islas Baleares, aunque a una mayor distancia. En el caso catalán, las balanzas dejan a este territorio casi en un punto de equilibrio.

El análisis de todas las estadísticas fiscales –se trata de datos del año 2021, los últimos disponibles para el fisco– centrará las miradas en dos realidades: el dinero que el Estado invierte cada año en las comunidades;y las cuantías que cada región aporta a los fondos comunes para nivelar la economía de los territorios más atrasados con respecto a los avanzados. De esta ecuación quedan excluidos País Vasco y Navarra, por su régimen propio. Un sistema singular por el que los partidos independentistas prevén apretar las tuercas al Gobierno en las próximas negociaciones.

Un análisis preliminar de los registros apunta a que Cataluña percibió algo más de un 11% de las inversiones de entidades públicas (Adif, Renfe, infraestructuras, etc.) de todo el Estado, hasta 515 millones aquel año. Madrid se situó por delante, con cerca del 20% del dinero y 866millones. Andalucía completa el tridente (489 millones;11%).

Aunque la piedra angular del debate independentista se aferrará también a la aportación de fondos. De todos los disponibles hace tres años (Garantía, Suficiencia, Cooperación y Competitividad), tanto Madrid como Baleares aportan más de lo que ingresan. En concreto, 5.177millones en el primer caso y 489 millones en el segundo. Cataluña se queda casi en estado neutro, con un saldo mínimo a su favor de unos 146 millones. Aunque todo dependerá de cómo se interprete ese traslado masivo de cifras.

A partir de estos saldos de Hacienda, «investigadores y académicos» podrán elaborar las balanzas fiscales atendiendo a todos los criterios que les ofrece Hacienda con esa extensa base de datos. Esa es la idea del Ministerio digirido por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Aunque el conjunto de registros va a servir al nacionalismo para aferrarse a su discurso, como lo hizo desde ayer por la tarde.

La primera muestra de satisfacción llegaba desde Waterloo. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha agradecido al Gobierno la publicación de esta base de datos para «comprobar» la discriminación fiscal que sufre Cataluña tras la «negativa histórica del Gobierno español a publicar los datos». El líder de Junts los considera como «un material esencial» para «abordar el debate sobre la soberanía fiscal» de esa comunidad, indicó ayer en un mensaje en sus redes nada más conocerse los informes de Hacienda.

Los independentistas reclamaban estos datos, entre otras cosas, para obtener munición con la que afrontar, tras el pacto de la amnistía y en paralelo al derecho de autodeterminación, su siguiente batalla: la exigencia de una financiación singular para Cataluña. El vicesecretario general y portavoz de Junts, Josep Rius, ya advirtió la semana pasada de que su intención es vincular esa demanda con la negociación de los Presupuestos. Y ERC aprovechó este martes la primera intervención de Pedro Sánchez en la sesión de control en el Senado en esta legislatura para ponerlo sobre la mesa.

La portavoz republicana en la Cámara baja, Sara Bailac, avisó de que resolver el problema de la «infrafinanciación crónica» de Cataluña tiene que ser una «cuestión central» y argumentó que su comunidad autónoma está en una situación «doblemente injusta» porque «el dinero de los catalanes se va pero no vuelve» y porque la ejecución presupuestaria del Estado es muy baja, de solo el 16% en el primer semestre de 2023, según cifró. «Le proponemos negociar con la Generalitat el sistema de financiación singular para Catalunya, un sistema específico que nos permita dar un paso adelante en nuestra soberanía, gestionar con plenitud y responsabilidad todos nuestros recursos, y acabar así con el déficit fiscal y sus perjuicios» dijo.

El Gobierno se mantiene, de momento, inflexible en este asunto. Sánchez recordó que su propuesta, y así aparece recogida en los acuerdos de investidura, pasa por acometer la reforma pendiente del sistema de financiación general y defendió que la negociación de ese sistema «tiene que ser multilateral porque cada comunidad autónoma tiene su propia realidad». El Ejecutivo ya acordó con los republicanos la condonación de los 15.000 millones de euros aportados por el Fondo de Liquidez Autonómica a Cataluña, pero siempre insiste también en que la medida se hará extensiva al resto de autonomías, sin aclarar qué porcentaje se descontará a cada una de ellas.

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