Ante el reto de no ser la «ministra 23»

«¿Pero qué necesidad había?», se preguntan históricos representantes del Ministerio Público, todavía estupefactos por las afirmaciones de la candidata en el Congreso de que su recientísimo pasado como ministra de Justicia, lejos de una «debilidad», es una «fortaleza».

Es imposible encontrar nadie en el Ministerio Fiscal que dude de los méritos profesionales de Lola Delgado. Las tres décadas de carrera profesional impoluta en Cataluña y Madrid, que ella misma glosó en la comisión de Justicia del Congreso, nadie los discute. Nadie encuentra una mancha en un currículum que tiene como punto culminante haber sido la máxima coordinadora de la Fiscalía en la lucha contra el yihadismo en la Audiencia Nacional, tribunal en el que ha pasado más de 25 años.

Pero su falta de idoneidad para el cargo debido a sus trayectoria política del último año y medio es algo que también crea un consenso casi absoluto entre sus compañeros.

Dicen en Fortuny que desde que el pasado 13 de enero el anuncio de su nombre como candidata desatara la tormenta, Delgado ha decido reinventarse para intentar demostrar que ella no va a ser «la ministra 23» de Sánchez, como dijo Pablo Casado.

Muestra del interés de la exministra por hacer olvidar su pasado reciente de encendida mitinera del PSOE, explican fuentes muy cercanas a la futura fiscal, fue lo ocurrido precisamente el jueves en el examen de idoneidad del Congreso. Delgado, la misma oradora vehemente y que durante las tres veces que ha sido reprobada en el Parlamento se defendió como gato panza arriba, mostró su cara más templada, incluso cuando desde las bancadas del PP, Vox y Ciudadanos vaticinaron que iba a ser una «genuflexa» ante Sánchez.

Ni una palabra más alta que otra. Ni rastro de sus conocidas agrias contestaciones parlamentarias. Nada de miradas desafiantes a la oposición a la que azotaba sin piedad durante la pasada legislatura. Delgado volvió a aparentar ser, al menos durante la tarde del jueves, la estricta profesional del Derecho de los estrados de la Audiencia Nacional, más preocupada en resolver cuestiones técnicas que en cuitas políticas.

Esta campaña de autolimpieza de la imagen de la ministra de Justicia que sacó a Franco del Valle de los Caídos tiene dos grande escollos. El primero son las grabaciones de la comida con el excomisario José Villarejo en la que la futura fiscal general, además de llamar «maricón» a Fernando Grande-Marlaska, mostraba una imagen de los más tabernaria incompatible la de una de las más altas autoridades del Estado. La segunda mancha son las palabras en la pasada campaña electoral de Pedro Sánchez cuando presumió de la «dependencia» de la Fiscalía General del Gobierno.

Pero más allá de campañas de imagen, a corto plazo los flecos judiciales del 'procés' van a obligar a Delgado a retratarse. La posición de la Fiscalía en cuestiones como la acusación del mayor de los Mossos José Luis Trapero en el juicio que está a punto de concluir, los procesos contra los CDR acusados de terrorismo, la investigación a Tsunami Democractic, las causas contra los policías del 1-O o el juicio por desobediencia a la Mesa del Parlament serán sus primeras pruebas de fuego para demostrar (o desmentir) que Sánchez ha colocado a su exministra para «desjudicializar» la política como prometió.

Más allá del 'procés', los escritos de acusación en las causas de corrupción contra el PP de las tramas 'Gürtel' y 'Púnica' (entre ellos la caja B que se juzgará a principios de 2021) van a ser la prueba del algodón para la nueva fiscal. La misma que tras la declaración como testigo de Mariano Rajoy en el juicio a la primera época de 'Gürtel', y antes de cualquier sentencia, no dio precisamente muestras de imparcialidad cuando se dio rienda suelta en Twitter: «Insoportable esta corrupción sistémica. Lo de hoy ha sido patético, triste e indignante».