Andalucía exige a Sánchez que obligue a las comunidades a acoger menores inmigrantes

La propuesta ya fue realizada a comienzos de semana en la reunión sectorial de inmigración, pero se saldó con un sonoro fracaso pese a la sintonía entre Andalucía y Moncloa. Pero desde el día 6 hasta ahora la situación ha terminado por colapsarse. Entremedio, la decisión del Gobierno de Sánchez de mandar el barco 'Open Arms', con seis menores no acompañados a bordo, al puerto de Algeciras, sabiendo que los chicos quedarían de inmediato bajo tutela de la Junta de Andalucía. También la llegada este viernes de otros 40 menores extranjeros a bordo de cuatro pateras. Todas ellas en el Estrecho de Gibraltar.

A finales de junio, la Secretaría General de Servicios Sociales de la Junta reconocía que el 52% de los 2.300 menores tutelados en los centros de la región eran menores extranjeros. En los últimos meses se han habilitado 700 plazas extraordinarias, pero las cifras siguen quedándose cortas tras vivirse en julio los mayores picos migratorios. Según los datos ofrecidos en las últimas semanas por el Ejecutivo andaluz, en lo que va de año han llegado 3.700 menores extranjeros no acompañados, frente a los 2.855 de todo 2017.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), uno de los más afectados por la presión migratoria, lo dejó claro este viernes. «El drama migratorio es un problema de todos, y a todos nos compromete, pero ante ello, hay que tener corazón pero también cabeza porque el bolsillo no le sobra a nadie». El PSOE andaluz respalda también el golpe en la mesa de la Junta criticando la llegada de los menores del 'Open Arms', e insiste en que el Gobierno central «tiene la obligación» de promover de nuevo un acuerdo para que haya solidaridad por parte de las comunidades autónomas a la hora de acoger menores no acompañados. «Lo mismo que España exige a los países europeos que sean solidarios, Andalucía, por donde entran la mayoría de los inmigrantes, exige esa solidaridad con el resto de las comunidades», abundó el diputado socialista Antonio Prada. Una reclamación a la que se suman también IU y Podemos, ya que la acogida de inmigrantes «es un asunto que trasciende a Andalucía» y los menores, al ser el eslabón más débil, requieren de una «protección rigurosa» por parte del Estado.

Para el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, no se trata de una reclamación «desleal» dada la dimensión que ha tomado la presión migratoria en el litoral andaluz. Pero pidió comprensión «mutua» arremetiendo contra la herencia recibida del gobierno del PP. «No había absolutamente nada», aseguró, pese a que las llegadas se habían triplicado en los últimos años.