El Gobierno defiende el criterio de sus expertos ante el malestar de Andalucía, Madrid y Valencia por no saltar de fase

Así se lo trasladaron sus respectivos presidentes a Pedro Sánchez, que defendió en todo momento los criterios empleados por el departamento que dirige Salvador Illa para hacer la selección de territorios. «Nuestras decisiones, con empatía, se han basado en dos criterios, el de los expertos –aseveró– y el de la prudencia. Y son los que tienen que imperar». La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, rechazó igualmente que se hayan producido «falsos agravios» y advirtió a los tres gobernantes de que «dejarse llevar por criterios políticos o de otra índole sería grave». «No nos podemos permitir un paso atrás, las prisas no nos harán llegar antes sino, al contrario», dijo.

La tensión, como ya es habitual, imperó durante la videoconferencia semanal con las comunidades, la novena desde que estalló la crisis del coronavirus. En esta ocasión, la voz más crítica con la gestión del Gobierno llegó de las filas socialistas. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, protestó enérgicamente, aunque sin acritud, contra Sánchez, por no entender por qué la mayor parte de sus tres provincias no han progresado de nivel, contra todo pronóstico. El barón del PSOE lamentó la falta de «cogobernabilidad» con la Comunidad Valenciana y avisó de que «la lealtad no es sumisión». «Nosotros no hemos suspendido, hemos hecho los deberes, lo que no se puede hacer es cambiar las reglas del juego a última hora», insistió Puig.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, no rebajó el tono y culpó al jefe del Ejecutivo del «daño reputacional» infligido a la Costa del Sol, que le hará más difícil recuperar la situación previa a la pandemia. El dirigente popular denunció «diferencias de trato» respecto a otras autonomías y consideró «difícil de entender» que distritos sanitarios como la Costa del Sol, con 1,6 casos PCR por 100.000 habitantes, no puedan pasar a la fase 1, cuando otros territorios con «incidencias más elevadas» sí darán hoy el salto.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cargó, por su parte, contra Sánchez y el PSOE por encabezar una «campaña de ataques desmesurados e injustos» contra la Comunidad –el último, desde Ferraz vía Twitter–y defendió su pase a un estadio más relajado de confinamiento pese al informe en contra de Yolanda Fuentes, que dimitió el pasado jueves como directora general de Salud Pública. «Madrid necesita dar ese paso adelante. Aquí –arguyó– radica el 60% de las empresas y somos un motor económico que es bueno para que los demás sigan funcionando». La dirigente del PP entiende que se puede «conjugar la delgada línea defendiendo a los más vulnerables con la salida económica».

El lehendakari Iñigo Urkullu, muy crítico en las pasadas reuniones con Sánchez, se mostró esta vez más conciliador. El mandatario vasco aparcó los reproches por la unilateralidad del Ejecutivo en la toma de decisiones después de que Euskadi haya visto satisfechas sus reclamaciones con una desescalada a la carta. Tampoco protestó en exceso el presidente catalán, Quim Torra. Más allá de la reivindicación de la devolución de competencias, la Generalitat se muestra satisfecha con que se aceptaran sus propuestas de desconfinar por regiones sanitarias. Pese a tener un tono menos duro con Sánchez del habitual, Torra sí adelantó que se opondrá a nuevas prórrogas del estado de alarma. «Seguiremos votando que 'no' hasta que no recuperemos las competencias», aseguró.

El Gobierno, mientras, continúa adelante con su hoja de ruta y pretende mantener la situación de excepcionalidad hasta el final de la desescalada, que ya no será en ningún caso el 22 de junio, como previó Sánchez hace dos semanas al no haber avanzados todos los territorios al mismo tiempo. La extensión del estado de alarma hasta el 24 de mayo fue aprobada el pasado miércoles por el Congreso con dificultades, gracias al apoyo del PNV y Ciudadanos. El Ejecutivo no tiene asegurada la repetición de ese respaldo, pero argumenta que de momento no hay ningún mecanismo distinto. «El estado de alarma es el único instrumento constitucional cuando se trata de restringir derechos fundamentales como la movilidad de los ciudadanos. Tendrá que estar vigente mientras la movilidad esté restringida», señaló Montero.

En todo caso, el presidente se comprometió ante los mandatarios autonómicos a explorar fórmulas alternativas al mecanismo constitucional. Sánchez apostó por un modelo de gobernanza «donde estéis vosotros y nosotros», dijo a los líderes territoriales, que llevará implícita la reforma de algunas leyes como la ley de Salud Pública o la ley de Sanidad. Un paso que dará una vez que la pandemia esté bajo control. Hasta entonces, insistió, «el instrumento que tenemos es el que tenemos».