La amnistía de Puigdemont abre una grieta entre el PSOE de la Transición y el de Sánchez

El precio puesto por el expresidente de la Generalitat a un eventual apoyo de los siete diputados de Junts a un Gobierno del PSOE con Sumar es para no pocos veteranos inasumible. La generación que hoy ocupa puestos de responsabilidad relativiza, sin embargo, los riesgos que tendría dar respuesta, con alguna fórmula que todavía no se explicita, a la exigencia del líder secesionista, prófugo de la justicia desde hace seis años, de proceder a «un abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo» mediante una ley de amnistía.

La mayoría de los barones de la quinta de Sánchez esgrime que hay que garantizar la continuidad de un Ejecutivo «progresista» y se limitan a expresar su confianza en que se hallará una solución «que quepa en la Carta Magna». Dejando a un margen que la posición oficial del partido era hasta hace tan solo dos meses que la amnistía no era constitucional, la madre del cordero para muchos de los que en la última semana han decidido dar un paso al frente para expresar sus reparos no es tanto, sin embargo, si una amnistía es o no jurídicamente viable –para unos podría serlo y para otros no – sino sus implicaciones en el marco en el que se plantea.

En la Moncloa se aferran a que el pasado martes, cuando compareció en Bruselas para fijar sus condiciones, Puigdemont empleó un tono menos «confrontativo» del habitual en la pasada legislatura o a que no puso el referéndum como condición para la investidura, aunque sí dejó claro que busca un «acuerdo histórico» que reconozca el derecho de autodeterminación. Sus mayores se quedan, en cambio, con una frase crucial: «La amnistía debe servir para reparar una injusticia, no para olvidar o llegar a un punto final ni para igualar las víctimas y los victimarios».

Aunque en público la cúpula del actual PSOEha evitado los reproches, algunos como el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, sí han tratado de desacreditar los argumentos de los discrepantes acusándolos de hacer el juego a la oposición. «Busco declaraciones de González o Guerra sobre la subida del SMI o las pensiones, cuestiones que fueron atacadas por la derecha. Sobre vivienda, desigualdad… No encuentro nada. Hace mucho que dejaron de ser un referente progresista para convertirse en lo que son hoy», escribió en X (antiguo Twitter).

Lo cierto es que el expresidente y el exvicepresdiente del Gobierno, recientemente reconciliados, no son los únicos que han reclamado a Sánchez que no dé el paso de pactar con Puigdemont. A la lista se suman exministros como Ramón Jáuregui, Virgilio Zapatero, Tomás de la Quadra-Salcedo, Jordi Sevilla o Joaquín Almunia; el expresidente andaluz, José Rodríguez de la Borbolla (su antecesor, Rafael Escuredo, sin embargo, respalda las intenciones del jefe del Ejecutivo en funciones), y exdirigentes poco sospechosos de connivencia con la derecha como Jesús Eguiguren o el expresident José Montilla.

El común denominador en los planteamientos expuestos por todos ellos es que lo que reclama el líder moral de Junts es la deslegitimación del Estado y del sistema democrático español, y el reconocimiento de que la actuación de los secesionistas en 2017 estuvo plenamente justificada, como lo estuvo la de quienes lucharon contra la dictadura y fueron amnistiados en el 77. Nada que ver con los indultos, que implican el compromiso de no reincidencia.

El llamamiento no ha hecho, aun así, al menos de momento, la más mínima mella en la determinación de Sánchez. En Moncloa y Ferraz se esgrime la necesidad de mejorar la «convivencia» en Cataluña y una particular lectura de los resultados del 23 de julio para defender hoy las bondades de lo que el 22 de julio consideraban una línea roja. En el PSOEcontemporáneo solo el presidente castellano-manchego Emiliano García-Page y el exjefe del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ya de salida, se oponen a la estrategia.