El Gobierno se enreda con los efectos de la enmienda sobre la Ley de Amnistía

El también líder del PCE llegó a acusar al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, de «confundir» aspectos de la ley «que no vienen al caso» y puntualizó que acabar con la impunidad no significa «meter a nadie en la cárcel» ni tendrá efectos prácticos «porque la mayoría de los criminales franquistas han muerto». Lo hizo después de que este asegurase el día anterior que la enmienda no supondrá «ningún cambio efectivo» en la norma aprobada en 1977.

La lectura de Enrique Santiago colilsiona con la versión de Félix Bolaños. Para el ministro de Presidencia, la enmienda trata de reafirmar la Ley de Amnistía adecuándola a los tratados internacionales, pero partiendo del principio básico de que las leyes penales no pueden aplicarse de forma retroactiva. En la misma línea, la ministra de Justicia, Pilar Llop, defendía este viernes que la enmienda «no afecta en absoluto a la Ley de Amnistía» y que «este país cumple con todos los convenios internacionales».

Las posiciones opuestas probablemente no se acabarán resolviendo hasta que el asunto llegue, de nuevo, ante el Tribunal Constitucional, que en 2022 ostentará mayoría progresista entres sus vocales. En esta misma línea, Santiago insistió en que PSOE y Unidas Podemos han hecho su trabajo al incluir la enmienda que se requería para acabar con la «impunidad» y que ahora el trabajo «tiene que hacerlo la justicia aplicando la ley». Así, indicó, que durante 40 años se ha producido «un problema muy serio de no aplicación» de las leyes españolas y de la Ley de Amnistía, «tal como ordena el derecho internacional».

Pero la batalla política va más allá de la interpretación legal. Los morados, con su empeño, intentan amarrar los apoyos de formaciones como ERC o EH Bildu, que ya presentaron el lunes seis enmiendas parciales a la Ley de Memoria democrática. Entre ellas, la supresión del título de Rey por haber sido concedido a Juan Carlos de Borbón por un «régimen ilegal» –en referencia a la dictadura franquista–, y la que plantea modificaciones sobre la Ley de Amnistía, pues «gracias a ella», aseguran estas formaciones, «se continúa perpetuando la impunidad sobre los crímenes del franquismo y los crímenes de lesa humanidad».

En la coalición no temen, sin embargo, que esta cuestión pueda tener repercusiones en las negociaciones de los presupuestos, sobre todo después de que ninguno de estos partidos optara por presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas públicas. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también descartó el jueves que el apoyo de su formación estuviera supeditado a esta cuestión y mantiene, en cambio, la línea roja de la protección del catalán en el marco de la Ley Audiovisual. «Hemos sido muy sinceros. Somos consientes de la fuerza negociadora que tenemos ahora. Sabemos como funciona el PSOE. Si no atamos esto ahora, difícilmente se atará», dijo en relación a este asunto.

En este sentido, en Unidas Podemos se muestran convencidos de que la ley cada día tiene más apoyos «al margen de lo mal que algunos están explicando» la norma, insistió Santiago. Sin embargo, en Esquerra mantienen cierto rechazo a la norma y acusan a Moncloa de «vender humo». Por otra parte, los socialistas buscaban ampliar los apoyos hacia Ciudadanos, pero esta discusión entre los socios de Gobierno ha enturbiado el acercamiento.

Entre las enmiendas para convencer a los partidos que forman el bloque de investidura se incluyen que el Valle de los Caídos pase a denominarse Valle de Cuelgamuros, que las investigaciones judiciales no se limiten al franquismo, sino también a episodios ocurridos durante la Transición –hasta 1982–, y la supresión de los títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura.