La ley de amnistía encara la recta final en el Senado. La comisión que está tramitando la norma aprobó este jueves el dictamen con el veto del PP y será ya el martes, dos días después de las elecciones catalanas, cuando el Pleno de la ... Cámara alta lo ratifique y devuelva el texto legislativo al Congreso, donde el PSOE y sus socios de investidura -Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG, Sumar y Podemos- lo levantarán sin problema. Será en un pleno fijado previsiblemente para el 30 de mayo cuando la Cámara que preside Francina Armengol dará la luz verde definitiva a la polémica ley que dejará impunes los delitos cometidos en relación al 'procés' .
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De cumplirse con esta previsión, la medida de gracia en beneficio de Carles Puigdemont sería una realidad, a expensas en todo caso de los recursos que se presenten ante el Tribunal Constitucional y sobre todo de que se eleve una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, justo en el comienzo de la campaña de las europeas del próximo 9 de junio, como avanzó en su informe el letrado de la Comisión Conjunta de las Comisiones Constitucional y de Justicia. Según el texto la amnistía no es suficiente para frenar la orden de búsqueda, captura y detención del expresidente catalán y hoy candidato de Junts a la Generalitat si cruza la frontera.
Los populares han basado su posición contra la ley en el Senado en un informe encargado a los servicios jurídicos en el que determinan «la inconstitucionalidad de la norma» y enumeran una serie de derechos que entrarían «en conflicto con la arquitectura jurídica de la Unión Europea». «Es obscenamente inconstitucional», denunció el senador del PP, Antonio Silván, que recordó que los argumentos de su partido para rechazar la amnistía son los mismos que exponía el PSOE antes de necesitar los votos de Junts para la investidura de Pedro Sánchez.
Enfrente, los socialistas, muy críticos con el dictamen al considerar que los letrados se han «extralimitado en su función» al afirmar que la norma es inconstitucional y que defendieron una vez más la medida de gracia en aras de la reconciliación entre catalanes. Para Esquerra y Junts, supone, en cambio, una «enmienda a la totalidad a la represión que ha padecido Cataluña» y acusaron al partido de Alberto Núñez Feijóo de promover la «persecución» contra el independentismo.
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