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La actividad parlamentaria ha quedado pendiente de la decisión que pueda tomar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes. Si deja en suspenso la legislatura hasta el 29 de mayo, fecha en la que podría convocar un adelanto electoral -al haber pasado ... un año desde la anterior convocatoria-, muchas de las leyes que actualmente se tramitan en el Senado y en el Congreso quedarían pendientes de un hilo, entre ellas, y la más importante por ser la llave de la investidura, la ley de amnistía.
Actualmente, y tras ser aprobada a mediados de marzo por el Congreso, la norma está pendiente del previsible rechazo de la Cámara alta, en la que el PP tiene mayoría absoluta y permitirá dar luz verde a las enmiendas a la totalidad del texto. Pero ese veto a la medida de gracia en el Senado no tendrá efectos prácticos, más allá de retrasar su publicación en el BOE, pues la proposición regresará a continuación a la Cámara baja, donde volverá a debatirse y votarse en el pleno. Algo que podría producirse a finales de mayo, con lo que los plazos serían muy justos si la legislatura decae sobre esas fechas.
La posibilidad de que la amnistía a los encausados por el 'procès' pueda verse frenada tiene un innegable impacto en las formaciones independentistas catalanas, que condicionaron a esta medida su apoyo a la investidura de Sánchez. De hecho, la decisión del presidente de «reflexionar» sobre su futuro llegó a pocas horas del inicio de la campaña catalana del 12 de mayo, y en la que candidatos con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que encabeza la lista de Junts a los comicios, dependen de la medida para regresar a España.
No será la única norma que tenga impacto en la vida diaria del país. También podrían decaer otras normas como la ley de la ELA que, entre otras cuestiones, reconoce a los enfermos por esclerosis lateral amiotrófica como personas en situación de dependencia y mejora la formación de los profesionales para una enfermedad sin cura que afecta a casi 4.000 personas en España.
También quedaría en un limbo, como sucedió la pasada legislatura con el adelanto electoral al 23-J, la llamada ley de familias, que busca incluir una prestación de 100 euros mensuales para familias con hijos de cero a tres años o el aumento de los permisos por cuidados a familiares, entre otras medidas.
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