Amnistía Internacional alerta de la debilitación «en forma extrema» del derecho a la protesta

Según recoge el informe, desde 2015 las autoridades han propuesto 250.300 sanciones por resistencia, desobediencia y negativa a identificarse en protestas pacíficas, manifestaciones espontáneas, faltas de respeto así como el uso de imágenes de las fuerzas de seguridad. Esto supone el 78% del total de sanciones en materia de seguridad ciudadana.

Es una denuncia que realizan cuando el debate sobre la reforma de la 'ley mordaza' está abierto en el Congreso de los Diputados pero con un bloqueo en su tramitación debido a la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios. Este mismo miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazó a los grupos a buscar puntos de «equilibrio» para aprobar la reforma en las Cortes. Por ello, desde Amnistía Internacional han pedido que se garantice el derecho a la manifestación pacífica y que aprueben los cambios legislativos que lo faciliten.

Y es que tal y como explican desde la organización, durante los últimos siete años han documentado, junto a otras organizaciones, un «serio retroceso en el ejercicio del derecho a la protesta como consecuencia de «siete mordazas consolidadas poco a poco durante siete años». El epicentro de las mordazas lo sitúan en la ley de Seguridad Ciudadana, la cual aumentó la posibilidad de sanciones administrativas para quienes participaran en reuniones públicas.

Así, desde la organización muestras su preocupación sobre el aumento en la aplicación de las sanciones en relación con las faltas de respeto a la autoridad. Y es que aseguran que en 2021 se aplicaron 26.254 cuando la media, entre 2016 y 2021, fue de 20.713. Es decir, se produjeron, según los datos del Ministerio del Interior, un 27% más que la media. «'Alteración de seguridad ciudadana' o 'resistencia a la autoridad' son aplicados por las fuerzas de seguridad con un elevado margen de discrecionalidad que requeriría contar-a juicio del direcotr de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán- , con adecuados mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas, pero no existen».

La Reforma del Código Penal realizada en 2015, que afectó a los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, introduciendo penas más graves para los acaecidos en el contexto de manifestaciones, supuso también «un paso en la dirección equivacada». La Fiscalía General del Estado explicó en su última memoria que los delitos de atentado y resistencia siguen manteniéndose como principales responsables del número total de delitos contra el orden público.

En relación con el delito de atentado contra la autoridad, la Fiscalía General del Estado afirma que se ha incrementado el número de procedimientos, puesto que de los 15.992 procedimientos incoados en el año 2020 se pasó a un total de 18.512 en el año 2021, lo que supone un incremento del 15,75%. También ha afirmado que los delitos de desórdenes públicos han experimentado un ascenso de un 48% de 2020 a 2021. Además, denuncian que el aumento del poder discrecional que la ley otorga a los cuerpos policiales para valorar qué conductas pueden considerarse como desobediencia ha provocado una mayor arbitrariedad policial e indefensión de la ciudadanía.

Asimismo, al igual que denuncian que han documentado cómo las fuerzas de seguridad han interferido de forma indebida en el ejercicio del derecho a la libertad de información amenazando a periodistas, añaden como otra «mordaza» las contradenuncias frente a manifestantes o periodistas que denuncian actuaciones abusivas.

Por ello, Amnistía Internacional pide actuar para contrarrestar el deterioro que, insiste, ha experimentado el derecho de protesta en España. Así, a parte de la reforma de la ley, pide que se garantice el derecho a la manifestación pacífica y que las restricciones a los actos de desobediencia civil «se evalúen con arreglo al derecho y las normas internacionales» o que se prohíba el uso de proyectiles de impacto cinético como las mencionadas bolas de goma. En el caso de las bolas «foam», considerada por Amnistía la séptima «mordaza», solicita que se suspenda su uso hasta evaluar sus efectos y los protocolos vigentes.