La amnistía deja solos a los jueces frente al 'procés'

Esta semana, al compás de la aceleración imprimida por Sánchez a las negociaciones para su investidura con el discurso ante el PSOE en el que defendió la medida de gracia y la fotografía de su número tres en Bruselas con Carles Puigdemont –prófugo de la justicia desde 2017–, se han encadenado tres reacciones que avisan de una colisión inédita en el corazón del Estado tras el traumatismo colectivo que comportó el 'procés'. Los ocho vocales conservadores del Consejo del Poder Judicial, en interinidad desde hace un lustro , han forzado un pleno mañana en el que están a un voto de sacar adelante una declaración que interpreta la amnistía como el cobijo a «una casta impune» y «la abolición» del Estado de derecho.

Y este viernes, a las pocas horas de que el PSOE cerrara su pacto con Esquerra, la Audiencia Nacional enviaba al banquillo con cargos por terrorismo a los doce CDR que aguardan a ser amnistiados, mientras la Guardia Civil entregaba al juez un informe de 202 páginas en el que define las movilizaciones supuestamente espontáneas de Tsunami Democràtic como una plataforma de ataque organizada. Y con la secretaria general de ERC, la huida en Ginebra Marta Rovira, manejando los hilos.

El primer pie en pared puede colocar a la mayoría del CGPJ, máximo órgano de gobierno de los jueces, abiertamente enfrentada al Poder Ejecutivo; es decir, al Gobierno en funciones de Sánchez, quien estando en la oposición avaló tanto la aprobación por el Poder Legislativo –el Senado– de la insólita intervención de la autonomía catalana por el artículo 155 de la Constitución como la «judicialización» del 'procés' de la que ahora reniega. El impulso a las diligencias penales en la Audiencia envía un mensaje diáfano, también a Europa: si la amnistía prospera, se aplicará sobre encausados enfilados ya a juicio por violencia. Un veterano magistrado, crítico con que se tilden las pretensiones de Sánchez de golpistas, sí avisa de los riesgos, ante la UE y el propio TC, de exculpar delitos terroristas.

Aunque el contenido final de la ley sigue a la espera de que el PSOE logre o no remacharla con Puigdemont, la erosión del Estado de derecho se da como inevitable por los integrantes de la Judicatura que creen escandaloso que en democracia se transaccione el perdón con quien directamente se verá favorecido por él; y que asisten atónitos a que el PSOE admita en su acuerdo con ERC un «choque de legitimidades» entre la voluntad popular proyectada en el referéndum ilegal del 1-O y las resoluciones del TC. Entretanto, al fondo, se atisba ya la posible respuesta del Supremo que condenó a Oriol Junqueras y que sigue persiguiendo a Puigdemont.

Las fuentes consultadas sostienen que la Sala Segunda presidido por Manuel Marchena se está preparando para actuar en una doble dirección: la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC y la elevación de una cuestión prejudicial al Tribunal de la UE. Dos pasos, al alcance también de otros juzgados y tribunales concernidos, que no suspenderían la ley de amnistía pero que sí pueden refrenar su ejecución. Una cadena de impugnaciones generaría un problema «tremendo» en la aplicación efectiva de la norma, vaticinó a este periódico el vicepresidente emérito del TC Ramón Rodríguez Arribas, fallecido hace una semana.

Los juristas coinciden en que cabe una vía para preguntar al TJUE sobre la adecuación de la amnistía al Derecho europeo apoyándose en el artículo 2 del Tratado de la UE –el que consagra que ésta se sustenta en la dignidad humana, la libertad, la democracia y el Estado de derecho– y el 19, que habilita a los «órganos jurisdiccionales nacionales» para plantear cuestiones prejudiciales; una vía que podría incidir en las causas por terrorismo y, en especial, en las de malversación dada la preeminencia del Derecho armonizado en el combate contra la corrupción.

Pero mientras uno de esos juristas subraya que esta alternativa es «dificilísima», otro magistrado de larga trayectoria se resigna ante los intentos, baldíos por ahora, de activar a los miembros de la carrera judicial contra la amnistía pese a que «la inmensa mayoría está espantada». «Para sensibilizar al TJUE sería importante transmitir que está afectado todo el Poder Judicial español», advierte este juez, que se duele de que los togados solo se movilicen ahora por «cuestiones laborales».