Los aliados de Sánchez amagan con apoyar el 'plan B' del PP

El plan de los populares, que pasa por modificar la ley de medidas especiales en materia sanitaria de 1986 y la de lo contencioso-administrativo, debería solventarse por la vía de urgencia a fin de que pudiera ser aprobado en cuestión de un par de semanas –las dos primeras de mayo no hay plenos programados en la Cámara baja– para dar «certidumbre» y «garantías» a las autonomías y que éstas no dependan de lo que digan los tribunales. Una propuesta que el PP ya llevó al Congreso en noviembre y que no contó entonces con los apoyos necesarios ni siquiera para iniciar su tramitación parlamentaria pero que ahora podría correr mejor suerte ante la «inacción» del Gobierno.

Para ERC, no es aceptable que Sánchez se comunique con las comunidades «vía titulares» y que a pocos días del fin del estado de alarma «no haya alternativa aparente». Los republicanos consideran imprescindible que existan herramientas legales a disposición de los Ejecutivos autonómicos para luchar contra el covid y vinculan la negativa del presidente a crear un nuevo marco legal a la cercanía de las elecciones en Madrid. «No quieren anunciar según qué medidas porque se enfrentan al latifundio de Ayuso y creen que impedir que la gente tome cañas les va a restar votos», aseveró Rufián.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, y la de EH Bildu, Mertxe Aizpurua alertaron del «vacío» que hay en cuanto a la capacidad normativa y coincidieron en que ambas formaciones estudiarán la propuesta de los conservadores. «Sería curioso que el PP liderara esta iniciativa», advirtió Aizpurua recordando que los de Pablo Casado «no han apoyado nada la lucha contra la pandemia» y que «incluso la han boicoteado».

El diputado del PDeCAT, Ferran Bel, y el líder de Más País, Íñigo Errejón, también se abrieron a respaldar la medida del PP. Para el cofundador de Podemos, no obstante, son «fuegos de artificio» de Casado en plena campaña electoral madrileña porque los plazos legislativos, recordó, «no dan» para que esa alternativa esté vigente el 10 de mayo.

Para el PNV, otro de los socios prioritarios del Ejecutivo, tampoco «hay tiempo materialmente» para introducir cambios normativos en la legislación vigente antes de que decaiga la alarma. Los nacionalistas vascos son partidarios de prorrogar la excepcionalidad «durante un periodo aunque fuera corto» hasta que las comunidades dispongan de las herramientas legales necesarias para frenar el virus. «El instrumento más útil, que es la restricción de movilidad, hay que seguir utilizándolo «, zanjó en TVE el portavoz Aitor Esteban.

El Gobierno, sin embargo, «no ve necesario» extender la alarma, al menos con los datos actuales de incidencia y acusó al PP –que ya ha anunciado que se opondrá a una nueva prórroga– de querer «enredar» con su 'plan B'. La portavoz María Jesús Montero insistió en la tesis de Moncloa de que los territorios cuentan con instrumentos jurídicos «suficientes» y apuntó a la vacunación como el elemento clave para encarar esta nueva etapa.