20 millones de españoles pueden ser víctimas de campañas de desinformación

El CNI no se anda con rodeos: «cerca del 90% de la población española entre 16 y 65 años puede ser potencialmente víctima de un ataque de desinformación», apunta textualmente el documento «Desinformación en el ciberespacio. Informe de buenas prácticas» elaborado por el CCN y fechado el pasado agosto. Esa alta exposición a la posible manipulación de los españoles -explican los servicios de espionaje- se debe a que «a pesar del extendido uso de internet y de las redes sociales entre los ciudadanos españoles, existe aún un importante porcentaje de usuarios que desconoce cómo funciona la distribución de noticias en plataformas digitales» y de que estos canales pueden estar infectados por actores extranjeros u otros elementos que buscan perjudicar los intereses nacionales.

El informe de los servicios de inteligencia revela que «España sufre diariamente tres ciberataques de peligrosidad crítica o muy alta contra el sector público y empresas estratégicas» y que «algunas» de estas «acciones ofensivas» tienen su «origen principalmente en otros Estados que tienen entre sus propósitos debilitar y comprometer la capacidad económica, tecnológica y política de España».

Pero no son esos ataques a empresas e instituciones los que preocupan sobremanera al CNI, a pesar de que esos sabotajes puedan «comprometer durante minutos, horas o días el normal funcionamiento de servicios públicos esenciales para los ciudadanos españoles». La inquietud cada vez más creciente entre los servicios secretos son las campañas que tiene como «objetivo alterar el funcionamiento de unos de los principales elementos del desenvolvimiento de una democracia liberal y de un estado-nación moderno: la opinión pública».

Precisamente, ese temor -explican responsables de la casa- fue el que llevó a la Moncloa a aprobar en octubre de año pasado en el Consejo de Seguridad Nacional un protocolo específico para luchar contra las 'fake news'. Una iniciativa que en un primer momento despertó los recelos de Bruselas y que levantó una fuerte polémica en la oposición, que llegó a describirlo como «un ministerio de la verdad», y también en los medios de comunicación, al entenderse que lo que pretendía el Ejecutivo de Pedro Sánchez era someter a «censura previa», estableciendo mecanismos de control de las noticias.

El Centro Nacional de Inteligencia explica en su documento que «los responsables de estos ataques suelen ser gobiernos y grupos subnacionales que tienen como objetivo erosionar y debilitar la cohesión interna de un Estado o un de grupo de estados considerados como adversarios y, de esta manera, redefinir su posición geoestratégica». El espionaje español no oculta sus sospechas. «Algunos países ya reconocen abiertamente que están llevando a cabo y acometiendo este tipo de acciones de manera sistemática. En este sentido, Rusia ha sido uno de los países que más ha desarrollado el concepto de guerra híbrida o, en palabras de la doctrina militar rusa, 'guerras no declaradas' y 'guerras no lineales'».

Los servicios secretos españoles, que de manera reiterada durante el 'procés' catalán denunciaron de manera la injerencia de los espías del Kremlin, vuelven a la carga contra Rusia en el último informe. De hecho, buena parte de los ejemplos 'fake news', de manipulación en foros sociales, 'hackeo' de perfiles digitales o cuentas automatizadas que se incluyen el dossier tienen como protagonistas a actores rusos, en particular RT News, la supuesta agencia informativa de Moscú que en otoño de 2017 llegó a publicar una noticia a nivel mundial bajo el epígrafe: «Tanques en las calles de Barcelona. España y Cataluña al borde de un desenlace violento». Recuerda el CNI que solo en Facebook la supuesta noticia fue compartida por 11.800 usuarios.