Los jueces alemanes tienen hasta 60 días para decidir si entregan a Puigdemont

Puigdemont, quien ya durmió el domingo en esa misma cárcel, estará en prisión un plazo máximo de 60 días, que es el límite temporal que establece la normativa germana para que la justicia del estado de Schleswig-Holstein resuelva. No obstante, según fuentes jurídicas, el plazo medio para resolver sobre las peticiones de entregas europeas suele oscilar entre los quince y los 45 días. Si el expresidente del Ejecutivo catalán hubiera aceptado su entrega a España, el plazo se habría reducido a poco más de una semana.

«Ha comparecido en calma y sereno», afirmó el fiscal general de la ciudad de Schleswig, Georg-Friedrich Guentge. En la primera vista de ayer, la justicia alemana exclusivamente se limitó a comunicar los cargos contra el detenido, verificar su identidad y decidir sobre la prórroga de su custodia para evitar su fuga. El trámite en sí duró poco más de una hora y Puigdemont tuvo la oportunidad de glosar las razones por las que se niega a ser entregado al Supremo.

A partir de ahora será la Fiscalía General de Schleswig-Holstein (y no la Fiscalía Federal con sede en Karlsruhe) la que presente (y defienda) ante el Tribunal Superior de este ‘land’, a la vista de la documentación enviada por la Policía española y el Supremo, la entrega por los delitos de rebelión y malversación incluidos en la OEDE. Si la corte superior da el visto bueno, será la Fiscalía de Schleswig-Holstein la que tenga la última palabra sobre la entrega. El Ministerio Público, aunque tenga la luz verde del tribunal, podría paralizar el traslado a España del expresident.

Uno de los puntos clave que deberán estudiar el tribunal y la Fiscalía es si en el Código Penal germano existe un delito homologable al de rebelión, ya que este ilícito no entra en el catálogo de 32 delitos (como el terrorismo y narcotráfico) que están homogeneizados en la OEDE.

Como tal, la rebelión no existe en el derecho alemán, pero sí que está tipificado el de alta traición, penado con entre diez años y cadena perpetua (25 años). La portavoz del Ministerio de Justicia, Stephanie Krüger, confirmó que efectivamente este ilícito podría considerarse como equiparable al de rebelión, aunque no quiso anticiparse a la decisión de la Fiscalía.

Para este delito de traición se requiere el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, un aspecto que la defensa piensa explotar porque siempre ha negado que Puigdemont y el resto de encarcelados usaran la violencia o instigaran actos de fuerza. El abogado en España del expresidente catalán, Jaume Alonso-Cuevillas, que se desplazó el domingo por la tarde a Bruselas y hoy viajó a Hamburgo para colaborar en la defensa de su cliente, ya avanzó que su argumentación central para evitar la entrega judicial es que en España el detenido no tendría un juicio justo como ya se ha demostrado durante el proceso abierto en el Tribunal Supremo. Insistirá en las irregularidades de la Justicia española aunque sobre el papel «el sistema judicial español se considere garantista».

El Gobierno alemán ya adelantó que la OEDE es un asunto que compete «fundamentalmente a la justicia», pero partiendo de la base de que «España es una democracia y un Estado de Derecho», según dijo el portavoz del Ejecutivo de Berlín, Steffen Seibert, quien recordó que la posición del Ejecutivo de la canciller Angela Merkel respecto al soberanismo catalán es que es un asunto que España «debe resolver internamente» y «de acuerdo a la ley» del país. Mientras Soraya Sáenz de Santamaría consideraba una «buena noticia» la detención del expresident, hasta Neumünster se desplazó una delegación de Junts per Catalunya y el PDeCAT, con el diputado Quim Torra y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, como cabezas visibles.