Aldama dispuso de 11 testaferros para defraudar 182 millones en la trama de hidrocarburos

Un informe de la UCO de la Guardia Civil fechado a 10 de octubre de 2024, presentado en el juzgado de la Audiencia Nacional tres días después de la detención del empresario por una causa de hidrocarburos, concluye que De Aldama y su socio Claudio Rivas dispusieron de 11 testaferros y un nutrido grupo de de sociedades instrumentales para defraudar masivamente impuestos durante tres ejercicios: 2022, 2023 y 2024.

En concreto, en un periodo de apenas 15 meses acumularon un fraude de IVA de 182,5 millones de euros mediante operaciones en el sector de hidrocarburos y el suministro de carburante en sus diferentes fases (operadora-suministradora-comercializadora/minorista/cliente final) que no tributaron. De esta cantidad, habrían transferido parte de las ganancias ilícitas a Portugal, China y Colombia por un importe de 73,9 millones. Unas transferencias que fueron justificadas en presuntos contratos de servicios de asesoramiento por parte de Aldama y su entramado empresarial.

La UCO, en su informe de más de 400 páginas remitido al Juzgado Central de Instrucción número cinco, sitúa a De Aldama y Rivas como los "codirectores e ideólogos" de este fraude de carrusel de IVA. En el caso de Rivas, hace pocas semanas también quedó en libertad provisional tras su detención en octubre una vez que los investigadores de la Guardia Civil llevaron a cabo los últimos registros en domicilios y empresas de los acusados.

Los 11 testaferros que habrían usado ambos para esconder su autoría se situaron al frente de mercantiles interpuestas "al objeto de figurar como administradores de derecho y ocultar la verdadera dirección de las mismas". Se trata de Félix Aparicio y Pedro Antonio Marín, "testaferros cualificados" según la UCO, y el resto son Aarón Gómez, Javier Sequi, Oriana Aciego, Francisca De los Santos, Javier Rodríguez, Jaime Salmerón, Iván Castañer, Juan Manuel Rodríguez y José Fernández.

En el apartado mercantil de la trama, la función de operadora de hidrocarburos la ejerció Villafuel SL (aparece señalada también en el 'caso Koldo') y otras siete empresas suministradoras o intermediadoras aparecen como clientes de la primera: Obaoil 3000, Salamanca Fuel Center, Carburantes Jalón Plaza, Canary Island, Casmar Hidrocarburos, Skyward Tech y Espaeventos.

Estas sociedades son las mercantiles sobre las cuales la presunta organización criminal hizo recaer la responsabilidad del impago del IVA, los 182,5 millones. Para ello, se pretendió aparentar que actuaban independientemente entre sí, pero en realidad formaban parte del mismo entramado e iban desapareciendo para traspasar esas ventas a otras mercantiles nuevas. Un indicio es que no tenían oficina física en las ubicaciones que declaran en el Registro Mercantil.

Su función, en suma, era bajar el precio del hidrocarburo con cargo al impuesto que no se va abonar, de tal manera que toda la gasolina podrá ser vendida a un precio más competitivo por parte del cliente final respecto a sus rivales y acaparar cuota de mercado en todo el territorio nacional.