Alboroto o ruido, pero no un referéndum

Desde el principio, la batalla se ha centrado en Barcelona, el área metropolitana y el resto de capitales de provincia. En la Moncloa dan por descontado que en las zonas rurales o en pequeñas poblaciones es probable que haya urnas que faciliten la participación en el referéndum. Pero entienden que no habrá consulta representativa si se impide votar en las grandes ciudades. Y en esa baza confían para forzar un «fracaso» que desacelere el tren del secesionismo.

A día de hoy las únicas reglas de juego que reconoce la Generalitat son las aprobadas en el Parlamento catalán el pasado 6 y 7 de septiembre, las normas de desconexión que regulan el tránsito hacia una república propia. Y en concreto, la ley del referéndum, que tal y como recordó el pasado jueves el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, recoge que 48 horas después de la consulta, y siempre en caso de que venza el ‘sí’ a la ruptura, la Cámara autonómica declarará la independencia.

De cumplirse esa hoja de ruta, cualquier posibilidad de entendimiento entre la Generalitat y el Gobierno habría quedado prácticamente dinamitada. «Cada vez que dan un paso en esa dirección, nos alejan de la solución», insiste un portavoz del Ejecutivo. Porque a estas alturas los avances en firme –no las meras proclamaciones políticas– hacia la secesión sólo podrían ser respondidos por el Estado con la activación de resortes como el artículo 155 de la Constitución, el que permite la intervención total de la autonomía para restablecer la legalidad.

Sin embargo, fuentes gubernamentales y de la antigua Convergència ofrecen otra posible perspectiva. Una que satisfaga a las dos partes en conflicto y rompa la dinámica del independentismo. Es decir, que el Ejecutivo concluya que hoy se ha impedido la votación y que la Generalitat lea como un éxito la movilización ciudadana ante los centros electorales. «El Gobierno entonces tendría que reflexionar», apunta un representante nacionalista. Pero en ese caso, Carles Puigdemont tampoco contaría con un sostén suficiente para proclamar la independencia en cuestión de dos días.

Cómo se podría reconducir la situación a partir de ahí, sobre qué cabría hablar y quiénes participarían en ese diálogo son incógnitas que en este momento nadie sabe responder. Pero al menos se habría abierto una nueva oportunidad. En los últimos días, al tiempo que la maquinaria del Estado golpeaba la organización y la logística del referéndum, se han multiplicado las ofertas del Gobierno para abordar una reforma del sistema de financiación autonómica, plantear una hipotética modificación de la Constitución o debatir sobre el modelo territorial en el marco de la comisión propuesta por el PSOE en el Congreso. Con algunos matices, las mismas tentativas que fracasaron en el marco de la ‘operación diálogo’ que tenía encomendada la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Fuentes de la Moncloa insisten en que no hay ánimo de «compensar» el desafío. Más bien, aseguran, se trata de seguir ofreciendo al PDe-CAT una salida en el callejón del referéndum. Aun así, en el Gobierno desconocen hasta qué punto el ala moderada y pragmática de la antigua Convergència, la que podría apostar por una negociación, tiene suficiente capacidad de influencia. El Ejecutivo desconfía, de hecho, de las intenciones de Puigdemont, a quien ubican en todos los argumentarios en manos de Esquerra y la CUP. No descartan ni siquiera una declaración unilateral de independencia. Y tan lejos como llegue el secesionismo, advierten, llegará el Gabinete de Rajoy.

Para ello el jefe del Ejecutivo cuenta, por ahora, con el respaldo de PSOE y Ciudadanos. Esa unidad para la defensa de la Constitución y la ley es, en todo caso, frágil y el presidente se ha propuesto preservarla más allá del 1 de octubre ante la certeza de que nada termina este domingo. Sáenz de Santamaría reclamó el pasado miércoles, en la sesión de control en el Congreso, a ambos partidos permanecer juntos pasado el referéndum. Y esa llamada podría volver a repetirse esta noche, tras una jornada que Rajoy, la vicepresidenta y su núcleo duro van a seguir con atención desde los despachos de la Moncloa.