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La aprobación de la ley de vivienda recompone las relaciones de los aliados de Pedro Sánchez en la recta final de la legislatura

Alberto Surio

Domingo, 16 de abril 2023, 00:11

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado un acuerdo con ERC y EH Bildu sobre la ley de vivienda, broche final del Ejecutivo de coalición. Era imprescindible que después de los continuos desencuentros de los últimos meses, el Ejecutivo de coalición lanzara un mensaje coherente ... de calado político ante una sociedad que necesita claridad y no confusión. La nueva ley de vivienda, que toca una de las cuestiones de mayor impacto social en la ciudadanía, fija un tope del 3% a la subida de los alquileres, y ha salido al final a la luz tras meses de prolija negociación no exenta de discrepancias y de tiranteces. Pero al final ha habido fumata blanca. El Gobierno se apunta un tanto que era necesario, aunque el control de los precios en el mercado inmobiliario depende de un cuadro complejísimo de factores y no tiene soluciones mágicas. La noticia del acuerdo es claramente positiva pero la cautela sigue siendo muy necesaria porque partimos con una cuestión en la que las buenas intenciones y el voluntarismo son insuficientes y tropiezan siempre con la realidad. Los escollos van a ser numerosos para encauzar un problema social de magnitud gigantesca.

En todo caso, y bajo las incógnitas que persisten en un escenario de incertidumbre económica e inflación agobiante, la coalición PSOE-Unidas Podemos logra cerrar uno de sus flancos más delicados con un acuerdo que no solo zanja la disputa entre los socialistas y los morados. También parece introducir una variable de tregua interna entre Podemos y Sumar. Porque o ambas corrientes llegan a un acuerdo interno mínimo después de las elecciones municipales de mayo o la división de la izquierda va a provocar una derrota segura de la misma en las generales. Es mera cuestión de supervivencia. O Yolanda Díaz resetea su proyecto para que encaje Podemos como ingrediente esencial o no habrá masa suficiente para que cuaje una alternativa que sea atractiva y viable y dispute el poder con garantías de éxito al centroderecha.

Este reencuentro del PSOE con sus aliados de izquierda puede ser el preludio de una nueva mayoría en la próxima legislatura. Pero para eso es importante saber si el bloque de izquierdas va a mantener la iniciativa política o si va a actuar a remolque de la coyuntura. Las leyes sociales aprobadas muestran un rearme ideológico que puede tener efectos positivos en el electorado progresista. La reforma laboral, con el crecimiento del empleo y de las cifras de afiliación a la Seguridad Social, o la propia subida del Salario Mínimo Interprofesional son elocuentes a este respecto.

Pero junto al anverso de la moneda está el reverso. Hay dos cuestiones que siguen generando dolores de cabeza al Ejecutivo, empeñado en resistirse ante las demandas nacionalistas de toda la periferia para revisar el actual modelo de Estado en un sentido confederal que no encaja con la actual estructura autonómica de España. Lo ha hecho, directamente, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha defendido un nuevo pacto de claridad que permita a las naciones sin estado negociar su futuro estatus en Europa, y que desborda el pacto constitucional. Su propuesta deberá ser abordada por una futura mesa de partidos en Cataluña en busca de un primer acuerdo previo, que se antoja improbable ante la posición contraria del PSC al derecho de autodeterminación, pero también de Junts a cualquier rebaja del turbo independentista. Sin embargo, esta hoja de ruta puede obtener el apoyo a medio plazo del nacionalismo vasco.

El segundo flanco que genera contradicciones nos remite a la situación del País Vasco, en donde esta semana se ha abierto la herida de la memoria. La apuesta por mezclar a víctimas del terrorismo con los presos que cumplen condenas como 'sufridores' de la violencia es un dislate ético que deja al descubierto la imperiosa necesidad de recomponer una estrategia democrática para afrontar este problema si no le quieren trasladar esta patata caliente con toda su crudeza al propio presidente del Gobierno.