La ética y la estética

Veremos al final si la instrucción permite clarificar el asunto o si nos encontramos ante un proceso en busca de posibles delitos que, además de que no está contemplado en el ordenamiento legal –que limita la investigación a las cuestiones que se pretenden averiguar mediante la apertura de determinadas diligencias–, ha convertido todo este asunto en un embrollo. Ahora solo falta que los responsables de la Universidad Complutenese de Madrid contribuyan a la ceremonia de la confusión. ¿Conocían el registro de una marca por parte de Begoña Gómez para el 'software' de la cátedra universitaria que dirigía? La pregunta es pertinente cuando la UCM ha pedido al juez que investigue si la esposa del presidente ha cometido «apropiación indebida» tras señalarla por no colaborar con una investigación interna.

Pero la discusión se ha instalado en un terreno, el penal, que puede desenfocar una de las derivadas políticamente más relevantes. Al situar la prioridad en este discurso sobre la viabilidad judicial, el PP ha puesto todos los huevos en en la misma cesta y corre riesgos en su contra. Se trataría, en su opinión, de uno de los casos más graves que demostrarían que la corrupción asedia la Moncloa. El tremendismo todo lo contamina y la simplificación puede distorsionar un juicio real sobre los peligros que puede comportar la actividad profesional de la pareja de un presidente cuando existen decisiones administrativas ligadas a los recursos públicos.

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Convendría que el PP rebajara esta escenografía sobreactuada. No vaya a ser que la previsible falta de recorrido penal de la catarata de denuncias termine por eclipsar la reflexión de fondo sobre el territorio resbaladizo de la ética y la estética de determinados comportamientos. Sin ser ilegales, hay cosas que por prudencia es mejor no hacerlas. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, pedía con buen criterio «sentido común» porque hay cosas que «no se deben hacer». Y punto.

El debate sobre la ejemplaridad es el que debiera extraerse de este complejo y enrevesado caso que se ha convertido en una valiosa munición para la derecha más radical. Ésta cree que han encontrado una pieza de caza mayor y no la van a soltar, aunque habrá que ver si al final el Derecho les facilita el camino o se lo impide. Lo que sí parece cada vez más claro es que el código de atrincherarse y esperar a que escampe, no contribuye a parar la narrativa de los más apocalípticos.

Ahora, la legislatura se está dilucidando en la negociación entre los socialistas y Esquerra para hacer de Salvador Illa presidente de la Generalitat y evitar una repetición electoral en octubre. Y puede que ese acuerdo al final logre la fumata blanca antes de agosto, que era la fecha límite puesta por Marta Rovira, la secretaria general republicana. El PSC lograría salvar el resultado con un pacto en el que, además de financiación singular, se darían nuevos pasos hacia el «reconocimiento nacional» de Cataluña. Solo un eventual regreso de Carles Puigdemont, con su eventual detención, podría reventarlo. Son elucubraciones disparadas estos días, pero que alimentan otra idea: Illa será presidente y Junts retirará su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de Sánchez de cara a 2025. La legislatura estará herida de muerte.