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Carles Puigdemont ha elevado al máximo las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez al dar por suspendidas «las negociaciones sectoriales» con el PSOE mientras no cumpla con lo acordado en las conversaciones que desembocaron en un pacto de investidura en noviembre de 2023. Para constatar ... o no el divorcio ha exigido «una reunión urgente y extraordinaria» de la cumbre de Ginebra, en presencia del verificador internacional. El telón de fondo es la petición de Junts a Sánchez para que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso para que el primero constate sus apoyos reales en la Cámara. A día de hoy, ante la ruptura de la confianza que denuncian los soberanistas catalanes, el presidente del Gobierno saldría derrotado de la votación, y políticamente muy tocado, aunque no se viera obligado de manera formal a presentar su dimisión porque este resultado no sería jurídicamente vinculante. Por eso el PSOE ha decidido tirar el balón hacia adelante, ganar tiempo y buscar un acuerdo que reformule la proposición no de ley inicial planteada por los antiguos convergentes. Veremos si encuentra una salida viable en semejante laberinto que se ha transformado en el reino de los tácticos.
En este punto muerto se encuentra la negociación. Los temas que están sobre la mesa no auguran un acuerdo rápido, pero no es descartable que avancen en los próximos días porque la alternativa, las nuevas elecciones, tampoco es muy seductora para Puigdemont. La gestión de la transferencia integral de inmigración a Cataluña, a excepción del control de fronteras y de extranjería, podría alumbrar la fumata blanca en breve. Lo mismo ocurre con el reconocimiento del catalán y de otras lenguas minoritarias en las instituciones de la UE, que supondría un fuerte éxito político y simbólico para Cataluña.
Pese a todo, Puigdemont critica la falta de concreción de Sánchez y le acusa de marear la perdiz para jugar al despiste. En ese reproche coincide con Oriol Junqueras, que ha estrenado de nuevo su liderazgo interno con un mayor marcaje sobre los socialistas. La rivalidad entre Junts y ERC vuelve a planear de forma constante. El Gobierno de coalición se asoma a la imposibilidad de trenzar una mayoría suficiente que dé luz verde a los Presupuestos.
¿Servirá la cumbre de Ginebra para evitar el colapso? Hay que leer entre líneas a los dirigentes de Junts cuando han pedido una «amnistía política» frente a los intentos que denuncian para sabotear su aplicación práctica y que detectan en determinados sectores de militancia política conservadora de la Judicatura. Pero su dinámica constante de ultimátums puede convertirse en la fábula de que 'viene el lobo', hasta que el final venga. Los siete votos de Junts son necesarios para garantizar la continuidad del Ejecutivo, con lo que solo queda la negociación. Pero puede que el PSOE se empiece a plantear la hipótesis de que la única manera de desbloquear toda esta ceremonia de la confusión sea con el incentivo de la imagen, con un encuentro entre Sánchez y Puigdemont.
En este contexto encaja la decisión del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que concurrirá finalmente a la reelección al frente del partido por cuarta vez. Ortuzar y Puigdemont representan las dos caras de la misma moneda. Por un lado, la de un nacionalismo del PNV que quiere anclarse en una vía de pacto. Y, otra, la del tono de ultimátiums grandilocuentes que coquetean con tensar la cuerda y juegan al límite. Se supone que la nueva dirección jeltzale que resulte del cierre definitivo de su proceso interno diseñará una hoja de ruta que descartará cualquier acuerdo para una eventual moción de censura con el PP y Vox. Pero que ahora no resulte posible no quiere decir que, en un futuro, los populares y los partidos nacionalistas empiecen a buscar sus puntos en común.
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