Alberto Rodríguez carga contra la «arbitrariedad» de Batet en su recurso ante el Constitucional

Además de la nulidad del citado acuerdo, que considera que vulnera sus derechos fundamentales a la representación política, el documento de 93 páginas solicita la «urgente suspensión cautelar» de la medida dictada «arbitrariamente» por la dirigente socialista y la restitución de Rodríguez en su escaño.

El que fuera número tres de Podemos fue condenado por el Supremo, que le juzgó en su calidad de aforado como diputado nacional y le condenó a 45 a días de cárcel que se sustituyeron por multa- y el mismo tiempo de inhabilitación por dar una patada a un policía. Los hechos se remontan a 2014, cuando Rodríguez participó en una protesta contra la ley de educación del PP en La Laguna (Tenerife) antes de integrarse en el partido morado.

En el recurso, la defensa de Rodríguez señala que en este caso se han producido «enormes perjuicios que son de imposible reparación» y recuerda que «todos los precedentes del Tribunal Constitucional en supuestos análogos -siempre referidos a ejecución de condenas penales y no a la privación directa del escaño de un diputado-, han acordado la suspensión de la medida de privación de la representación política». Por ello, invoca expresamente el derecho a la igualdad en la aplicación de la normativa.

La defensa de Rodríguez, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, que representa entre otros a Carles Puigdemont, reclama que el asunto se dirima en una vista pública. Una circunstancias de la que apenas existen precedentes en la corte de garantías. Para ello, invoca la aplicación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Este recurso se unirá al que político canario presentará en los próximos días contra la condena que le impuso el alto tribunal, por lo que el Constitucional tendrá que dictar dos resoluciones diferentes respecto a lo ocurrido con el que fuera secretario de Organización de Podemos.

El recurso conocido hoy carga contra la actuación de Batet al afirmar que, a la hora de dictar la resolución que expulsó a Rodríguez, se extralimitó en sus funciones «de forma unilateral e infundada». «Se trataba única y exclusivamente de que informase cuándo había quedado inscrita la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo», es decir, para poder presentarse a una elección, a juicio de la defensa.

«Ni más ni menos que eso y, a partir de ahí, quien dice ser profesora de Derecho Constitucional en una universidad, de cuyo prestigio no dudamos, se procede a acordar la privación del escaño de diputado de mi representado», relata el recurso.

A juicio de esta parte, el «salto» realizado por la presidenta del Congreso, «movida por vaya uno a saber que fuerzas o razones, es demasiado grande como para tener encaje constitucional; se trató de un salto al vacío arrastrando en dicha caída los derechos fundamentales» del diputado «y de todos los votantes canarios que le confiaron sus respectivas representaciones».

Añade que Batet creó «una nueva pena, no prevista en la ley ni prevista en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo», que es además «mucho más lesiva» tanto en sus efectos como en su duración. Se adoptó además por la presidenta sin «sin seguir ningún tipo de procedimiento previamente establecido» y sin tener competencias para ello, apartándose de las conclusiones de un primer informe emitido por los Letrados del Congreso.

«En resumidas cuentas, no existe ninguna norma que ampare lo realizado por la señora Batet y sí que existía una norma que permitía solventar la situación», agrega el recurso. Se refiere a una eventual medida de suspensión de funciones durante los 45 días de condena, que la defensa de Rodríguez considera «más proporcional que la desmesurada e ilegal decisión» por la que se privó al diputado morado de su escaño.