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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a la carga en su presión sobre la Unión Europea para que se reconozca como lenguas oficiales el euskera, el catalán y el gallego en sus instituciones. Lo ha hecho entregando una carta y un ... memorándum a sus 26 homólogos, con los que se reunirá este lunes y este martes en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. El máximo responsable de la diplomacia española ha defendido esta postura alegando que para el Gobierno «es un deber» defender estos idiomas, «elemento esencial de la identidad nacional», recoge el texto, al que ha podido acceder este periódico a través de fuentes comunitarias.
Albares recuerda que esta cuestión «es prioritaria para España» y es «inherente a nuestras estructuras fundamentales, políticas y constitucionales», como argumento para tratar de convencer a sus colegas europeos a la adhesión a una propuesta que España registró el pasado 3 de septiembre. En él, el Gobierno reitera las características específicas del caso español y reitera que el reconocimiento «no servirá como precedente para otro». La reforma del reglamento europeo reclamada por el Gobierno español, por tanto, «no pretende crear nuevos derechos» sino poner fin a «una situación extraordinariamente anómala» en el contexto lingüístico de la Unión.
El memorándum también señala que «el catalán, el vasco y el gallego son lenguas cooficiales con profundas raíces históricas, un elevado número de hablantes y un lugar en nuestra Constitución acorde con nuestro sistema altamente descentralizado de Comunidades Autónomas«.
Según fuentes diplomáticas, la presidencia belga, que le corresponde por turno, «está comprometida con esta cuestión». También explican que Albares ha mantenido conversaciones con ellos y «el compromiso con la propuesta española es firme».
Este reconocimiento no está exento de dificultad. Se calcula que dentro de la unión se hablan unas 84 lenguas con algún grado de reconocimiento y gramática estructurada. De ellas, solo 24 son oficiales en la UE, es decir que pueden usarlas los funcionarios europeos para sus comunicaciones y documentos oficiales, aunque es cierto que se permite que en algunos casos (como las lenguas cooficiales españolas) los ciudadanos puedan dirigirse a las instituciones en otros idiomas que no están en ese listado oficial.
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