A finales de 2019, pocas semanas antes de que estallara la pandemia, la aerolínea IAG (propietaria de Iberia o British Airways) anunciaba su intención de comprar la aerolínea española Air Europa por 1.000 millones de euros para consolidar su presencia en las rutas hacia ... América Latina y el Caribe. Pero llegó la Covid-19 y todo se trastocó. De hecho, cuatro años después aún no está cerrada esa operación. Era el primer capítulo de una historia de complicaciones económicas que dura ya cuatro años.
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En todo este tiempo, la sucesión de complicaciones financieras y peticiones de auxilio económico al Gobierno han dominado la vida de Air Europa, la histórica aerolínea controlada por la familia salmantina de los Hidalgo. Ahora sus contratos por el transporte de mascarillas procedentes de China con el Ministerio de Transportes de la época, digirido por José Luis Ábalos, están siendo investigados en la Audiencia Nacional por la supuesta implicación del asesor Koldo García, exasesor del ministro, a través de su socio, Victor Aldama, quien ejerció como asesor externo de Air Europa. Sin embargo, fuentes de la aerolínea aclaran que su relación con Aldama «no duró más de un año», que fue «hasta septiembre de 2019» (antes de la pandemia) y que esta figura de asesor externo es «habitual» en las empresas.
Ante la vorágine de informaciones publicadas en los últimos días, el presidente de IAG, Luis Gallego, ha aclarado que esta investigación judicial «no tiene por qué afectar» a la adquisición de Air Europa, donde el grupo de aerolíneas tiene por ahora solo un 20% del capital. «No estamos implicados en la gestión de la empresa», ha apuntado en una rueda de prensa tras presentar los resultados anuales de la corporación. IAG sigue adelante con la fusión porque considera que «es única y muy positiva» para el 'hub' de Madrid, y no ve «interferencias».
La incorporación de Air Europa en IAG sigue acumulando todo tipo de trabas en un camino que comenzó a finales de 2019. Un año después del primer anuncio de esa fusión, y sin poder materializarla por el 'shock' del parón económico provocado por la pandemia de 2020, el Consejo de Ministros aprobaba a finales de ese ejercicio el rescate público de Air Europa con una inyección de 475 millones de euros a cuenta de un nuevo fondo de solvencia creado para dar apoyo a compañías estratégicas que se vieron impactadas por la crisis económica, muy profunda en el sector turístico y de viajes. La operación se realizaría mediante la concesión de un préstamo participativo de 240 millones de euros y otro ordinario de 235 millones, dos instrumentos recogidos en la regulación del fondo de solvencia estatal.
Air Europa no fue la única en recibir apoyo estatal. También lo hicieron otras compañías -muchas vinculadas al sector turístico, el más afectado por la crisis- como Plus Ultra, la aerolínea venezolana que se vio implicada en una investigación judicial por un supuesto delito de malversación y cohecho de la SEPI en la concesión de una ayuda de 53 millones; un caso que quedó sobreseído y archivado el año pasado. En total, la SEPI destinó 1.000 millones para el rescate de una larga lista de firmas entre las que se encontraba Duro Felguera, Tubos Reunidos, Técnicas Reunidas, Air Nostrum, Volotea o Celsa España. Todas las operaciones pasaron por el Consejo de Ministros y todas habían sido previamente aprobadas por el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
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Con esta inyección de dinero, Air Europa salvaba temporalmente los muebles de unas cuentas empresariales que se habían visto abocadas a una quiebra casi segura pocos meses antes ante el parón de su actividad por el confinamiento. Era la puntilla a la grave situación financiera por la que atravesaba la aerolínea desde mucho antes de la pandemia. La compañía dispuso entonces de seis meses para ejecutar los dos préstamos y un plazo máximo de seis años para devolver en su totalidad los fondos que reciba. De hecho, Air Europa ya obtuvo en pleno confinamiento un préstamo -también público- de 140 millones de euros avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por lo que su deuda con el Estado tras el rescate alcanzó los 600 millones de euros.
Dos años después de aquel rescate, Air Europa consiguió salir de pérdidas. La aerolínea de la familia Hidalgo publicaba un beneficio de 14,48 millones de euros en 2022, que contrastaban con los números rojos de más de 700 millones de euros de los dos ejercicios anteriores (304 millones en 2021 y 427 millones en 2020), aunque aún por debajo del beneficio cercano a los 28 millones que obtuvo en 2019.
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Con las cuentas medianamente saneadas gracias a la intervención pública, IAG retomó de nuevo su intención de hacerse con Air Europa. Para ello, en agosto de 2022 concedió a Globalia un préstamo no garantizado de 100 millones de euros a siete años, con la opción de convertirlo en una participación de hasta un 20% en el capital de Air Europa. Esta transacción supuso ya una fuerte merma en la valoración de la aerolínea de los Hidalgo: pasaba a costarle a IAG unos 500 millones, frente a los 1.000 millones acordados inicialmente en 2019.
Ese pacto estaba condicionado a que Globalia reciba la aprobación de los bancos sindicados que facilitaron el contrato de préstamo parcialmente garantizado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En concreto, el Gobierno inyectó 615 millones de euros en la aerolínea de Globalia mediante un préstamo avalado por el ICO por importe de 140 millones y un rescate de 475 millones autorizado por la SEPI.
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En otro paso más, a principios de 2023 IAG cerraba la compra total de Air Europa por 500 millones de euros. El grupo informaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del acuerdo alcanzado para la adquisición por parte del grupo aéreo propietario de Iberia del 80% restante del capital social de la aerolínea de la familia Hidalgo.
Los primeros 200 millones de euros se pagarán cuando se reciba la aprobación por parte de las autoridades de Competencia, 100 millones de euros en acciones ordinarias de IAG y 100 millones de euros en efectivo. El segundo y tercer año después de la fecha de aprobación de la operación se abonarán otros 100 millones de euros cada uno de ellos. El acuerdo está sujeto a aprobaciones regulatorias y de otro tipo, lo que podría llevar alrededor de 18 meses. Ya ha transcurrido un año y la operación sigue pendiente de todas las autorizaciones para materializarla.
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