Secciones
Servicios
Destacamos
alberto surio
Domingo, 21 de febrero 2021, 00:47
Las leyendas sobre el 23-F se han acumulado en los últimos años hasta confundir lo real y lo imaginario. El 40 aniversario de la intentona de golpe de Estado nos brinda la oportunidad de realizar una lectura crítica de la Transición, con sus luces y sombras. Fue fruto de una relación de fuerzas y de debilidades, como en su día escribió Manuel Vázquez Montalbán. Se dice, con razón, que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. El 'tejerazo' fue un acontecimiento ciertamente grotesco, que puso en peligro la democracia incipiente española y pudo provocar una nueva Guerra Civil, pero detrás de la entrada de unos doscientos agentes de la Guardia Civil en el Congreso, con el teniente coronel Antonio Tejero al frente, durante la votación de la segunda sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, confluyeron diferentes procesos desestabilizadores que pretendían reorientar drásticamente el rumbo de la Transición.
La versión oficial, confirmada en las sentencias de los juicios de Campamento, en la Casa de Campo, pretendió visualizar a los culpables, pero quedaron sombras en el aire sobre las tramas reales del golpe y sobre la existencia de una 'Transición paralela' inducida desde los ámbitos más conservadores. El tiempo ha desvelado otras piezas en el tablero. Por ejemplo, el papel real del general Alfonso Armada para dar un golpe de timón al proceso democrático alentado por un importante sector de las Fuerzas Armadas, que utilizó el nombre del rey Juan Carlos I. O cómo los sectores más reaccionarios del establishment político y económico, temerosos de la velocidad de los cambios, alentaron meses antes de la fecha un giro para conservar sus privilegios y sus palancas de poder.
Cuando aquel lunes de febrero el Rey fue informado de que un grupo de guardias civiles había asaltado el Congreso, al que retuvo a punta de pistola durante 18 largas horas, se disponía a librar un partido de squash en La Zarzuela. Desde entonces los teléfonos del palacio empezaron a echar humo.
El toque de queda en Valencia, con la actividad de los partidos y sindicatos prohibida y los tanques en la calle, confirmaba la gravedad de la situación. Jaime Milans del Bosch, que era capitán general de la III Región Militar, ordenaba la movilización de las tropas. Luis Herrero, que después sería eurodiputado del PP y tertuliano de Federico Jiménez Losantos, dirigía ya un periódico de la ciudad y tenía como principal colaborador a un joven periodista, que después acabaría en las filas del PSOE. Se llamaba Ximo Puig y hoy es el presidente de la Comunidad Valenciana.
Mientras Milans decretaba el toque de queda a través de un bando, el capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas se dirigía a los diputados desde el estrado del hemiciclo. «Esténse tranquilos porque no va a pasar nada», les dijo, «dentro de 20 minutos o media hora vendrá la autoridad militar, por supuesto, para dar las instrucciones». ¿Quién era el 'Elefante Blanco' que dirigía la operación? Ese es el gran enigma del 23-F. Los diputados, que habían sido conminados por el propio Tejero a tirarse al suelo, seguían sentados en sus escaños, aunque la orden era que tuvieran las manos a la vista. Los golpistas disponían de un dato que nunca se confirmó: había hasta 150 diputados que iban armados.
«Juan María Bandrés estaba lívido como un cadáver», recuerda la periodista Charo Zarzalejos, testigo directa de los acontecimientos. La leyenda cuenta, incluso, que Bandrés pidió confesión al socialista navarro Gabriel Urralburu quien, pese a estar suspendido a divinis como sacerdote, podía en circunstancias extremas administrar el sacramento de la penitencia. «No estoy para esas hostias», respondió Urralburu a su interlocutor, un diputado de UCD que ejercía de mediador.
La espera en el Congreso se hacía interminable. Muchos de los guardias civiles, reclutados en unidades de Tráfico de Madrid, eran chicos jóvenes que no sabían siquiera para qué se les había trasladado en autobuses al edificio de las Cortes. Tejero comentó la posibilidad de hacer una hoguera con algunas sillas de época si se suspendía el suministro de energía eléctrica. Milans ordenó a las 19.30 la emisión radiofónica de su bando. Su contenido llegó a Madrid y Tejero se lo leyó a los diputados. Mientras los principales líderes fueron conducidos a la Sala del Reloj, de cara a la pared, el Gabinete de Subsecretarios presidido por Francisco Laína ejercía el poder civil.
Juan Carlos I tuvo un estrecho contacto con los capitanes generales, muy dubitativos en las primeras horas del golpe, porque sus principales protagonistas decían actuar en nombre del monarca o con su consentimiento. El de Valencia era Milans del Bosch, un monárquico de pata negra, implicado hasta las cejas en la operación, y que creía tener el apoyo de hasta cinco capitanes generales. Nunca fue destituido aquella noche, aunque al final ordenó la retirada de las unidades de las calles tras hablar directamente con el Rey. Juan Carlos I pedía tranquilidad, aunque el general Armada, un viejo conocido de la Casa Real, en ese momento segundo jefe de Estado Mayor, utilizaba su nombre. Otros capitanes generales también dudaron. La división en la cúpula militar sobre las consecuencias de un golpe contra la Constitución frenó el golpe, sobre todo porque el propio Rey, con Sabino Fernández Campo como principal colaborador, entendió que podría poner en riesgo la supervivencia de la Corona. Pero por debajo había corrientes involucionistas que habían urdido la operación 'Lunes'. O 'Miguelete', en Valencia.
La trastienda y los antecedentes del tejerazo constituyen una trama compleja que revela que la Transición no había alcanzado a las Fuerzas Armadas, con un núcleo de oficiales y jefes de clara matriz franquista, muchos de ellos alféreces provisionales en la Guerra Civil, que llevaban tiempo apostando por una 'reconducción' de la Transición, en principio sin tocar la Constitución. Pero tampoco se renunciaban a otras vías más «espontáneas» y expeditivas ante el 'vacío de poder' que podrían generar determinados movimientos. Es decir sobre el 23-F se superponen diferentes golpes de Estado que no sorprenden a los servicios de inteligencia, ni al Rey ni al Gobierno ni a los partidos. El Madrid de febrero de 1981 era un hervidero de rumores y el papel de miembros del CESID aquellos días sigue siendo un verdadero misterio.
Los planes habían sido diseñados minuciosamente. La ocupación militar de Madrid, con tropas mecanizadas en la Casa de Campo, en el Retiro, en el Parque del Oeste, en la plaza de Castilla... formaba parte de la logística que los mandos de las diferentes unidades y divisiones habían planificado con tiempo. El general Luis Torres Rojas, al frente de la Brunete, era su máximo responsable y se especula que él pudo haber sido el 'Elefante Blanco' encargado de sustituir a Tejero en el Congreso. Al final, el operativo se cortocircuitó porque algunos de sus inductores, viendo el 'tejerazo', se echaron para atrás. También fue determinante la postura del capitán general de la I Región Militar, Guillermo Quintana Lacaci, claramente contrario a cualquier intentona golpista, que después sería asesinado por ETA en 1984, al igual que la del jefe del Estado Mayor del Ejército, José Gabeiras, leal a la legalidad constitucional pese a las presiones de algunos compañeros de armas y pese a que la mayoría de los mandos de la División Acorazada eran partidarios de unirse al golpe de Estado. Las unidades militares de un escuadrón del regimiento Villaviciosa sí lograron llegar a Prado del Rey y ocupar las instalaciones de Radio Nacional de España y Televisión Española.
Los incidentes en el acto del Rey en Gernika el 4 de febrero cuando fue interrumpido en su discurso en la Casa de Juntas por los parlamentarios de Herri Batasuna generaron gran malestar en las Fuerzas Armadas. El terrorismo de ETA golpeaba duramente. El 6 de febrero apareció el cadáver del ingeniero de la central nuclear de Lemoiz José María Ryan, asesinado por ETA. La conmoción fue muy fuerte.
Ademas, el caldo de cultivo en el que germinó el intento de golpe venía marcado por la caída de Adolfo Suárez, presidente del Gobierno. La dimisión de Suárez fue el botón de muestra de esa ruptura entre los reformistas que habían puesto las bases de la Transición tras la muerte del dictador Francisco Franco. La descomposición de UCD arrastró al entonces presidente y evidenció hasta qué punto en el seno del Ejército el rumbo emprendido por Suárez provocaba una creciente animadversión. El punto culminante se produjo tras la dimisión de Suárez, cuando el entonces ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, se plegó ante el Rey y nombró segundo jefe del Estado Mayor al general Alfonso Armada. La designación había sido rechazada de forma vehemente por el hasta entonces presidente. Suárez pensaba que la llegada de Armada al Estado Mayor alentaría un golpe de Estado que, según confesaría aquellos días, estaba ya en marcha. «El Rey está ciego», se atrevió a decir. La leyenda relata la enorme sima que se había abierto ya entre Juan Carlos I y el jefe del Ejecutivo.
Durante años se ha hablado de la existencia de conversaciones previas al 23-F que apuntaban la búsqueda de un Gobierno de 'salvación nacional' con presencia de todos los partidos y presidido por un independiente, incluso un general. Durante ese tiempo se llegó a señalar incluso conversaciones entre dirigentes de UCD y del PSOE con Armada. Seis meses antes del 23-F, el diputado socialista Enrique Múgica almorzó con el alcalde del PSC de Lleida, Antonio Siurana, en la casa de este último. A la comida asistió también el gobernador militar de la provincia, que era el general, lo que dio pie a una polémica muy enredada.
La 'operación Armada' no fue una serie de ficción. El general había preparado varias alternativas para ser presidente del Gobierno. Una sería la constitucional, basada en una moción de censura pactada entre un sector de UCD y el PSOE, con un gobierno presidido por el general, con Felipe González como vicepresidente político, ministros comunistas como Jordi Solé Tura y Ramón Tamames, socialistas como Gregorio Peces Barba, Javier Solana o Enrique Múgica, liberales como Miguel Herrero de Miñón o empresariales como Carlos Ferrer Salat. La dimisión de Suárez tras los movimientos críticos de los barones de su partido frustró la operación y precipitó la maniobra pseudo-constitucional, en la que Armada pretendía aprovechar un vacío de poder creado por algún tipo de intervención para hacerse con las riendas del Ejecutivo.
Según el historiador Roberto Muñoz Bolaños, autor de una novedosa tesis doctoral sobre 'los golpes' del 23-F, no es que Armada instigara directamente el 23-F pero dejó hacer para después utilizarlo y aprovecharlo para tener cobertura a la hora de plantearse como una alternativa 'in extremis' a los diputados. Sobre todo porque era conocedor a través de sus contactos con Milans, Tejero y otros golpistas, y también a través de los servicios secretos, de la existencia de movimientos involucionistas en el Ejército. Armada tendría como objetivo «reconducir» la crisis para evitar el derramamiento de sangre pero, sobre todo, para hacerse con el poder.
«Ni está en Zarzuela ni se le espera». La frase corresponde al general Sabino Fernández Campo y es determinante para entender la evolución de los acontecimientos aquel 23 de febrero. El ayudante del Rey aclara así que Juan Carlos I no espera a Armada en la Zarzuela, a pesar de que habían hablado esa tarde y de que este último estaba muy nervioso porque la «chapuza» de Tejero ponía en serio peligro su verdadero plan, que encuadraba en una operación para salvaguardar la Monarquía constitucional. Algunos de los militares golpistas pensaban que su actuación estaba respaldada por el Rey pero otros rechazaban su implicación porque pensaban que el monarca era el gran culpable del colapso. En un momento del 23-F, Armada fue autorizado a parlamentar con Tejero en el Congreso sobre la posible salida de los asaltantes en dos aviones al extranjero y sondear, a título personal, sobre la hipótesis de un gobierno de concentración que integrase a ministros socialistas, comunistas, de centro y de la derecha.
Tejero rechazó la oferta y la consideró «una chapuza». Esta negativa marcó todo un punto de inflexión en el fracaso del 23-F. El jefe del Estado Mayor del Ejército, el general José Gabeiras, insistió en que Armada no representaba al monarca. Otros testimonios apuntan que Armada fue autorizado a acudir al Congreso y proponerse, a título personal, como presidente del Gobierno. ¿Quién le dio el visto bueno a esta gestión? Armada -la leyenda le señala como el verdadero 'Elefante Blanco' aunque él lo negó siempre- ponía en una situación delicada al Rey, que revelaba, según el historiador Muñoz Bolaños, la «ambigüedad» que imperaba en Zarzuela hasta que se emitió a la 1.14 horas de la madrugada el mensaje por televisión, es decir, hasta que se visualizó el fracaso de la 'operación Armada', «El golpe lo paró el Rey con el teléfono y con su autoridad moral sobre los militares», llegó a decir un día la reina Sofía. La contribución del general Sabino Fernández Campos fue crucial.
Cuando el periodista de TVE Pedro Erquicia grabó el mensaje en La Zarzuela hacia las 10.30 de la noche las cosas parece que se empiezan a clarificar. Desde que se toma la decisión de grabar el discurso hasta la hora definitiva de la emisión -1.14 horas- pasa un tiempo considerable. ¿Cuál fue el motivo del retraso? El Rey ya había hablado con los capitanes generales y veía controlado el panorama tras horas de muchos nervios.
Es el momento en el que, en respuesta a la llamada de Jordi Pujol, el monarca responde: «Tranquilo Jordi, tranquilo». La esposa de Pujol, Marta Ferrusola, recordaría una conversación tiempo antes durante una cena en Barcelona a la que asistieron Armada, como gobernador militar de Lleida, y otros altos mandos militares. «¿Cree usted que Leopoldo Calvo-Sotelo será el presidente?», preguntó ella. «No lo creo», le respondió lacónico Armada. Calvo-Sotelo era elegido presidente del Gobierno el jueves 25 de febrero con mayoría simple en el Congreso, aún traumatizado. El golpe estaba desactivado, la herida era profunda, tardaría tiempo en cerrarse, pero fue toda una 'vacuna'.
Antonio Tejero. Teniente Coronel de la Guardia Civil. Cara visible del golpe. Entró pistola en mano al Congreso al mando de dos centenares de hombres y subió a la tribuna al grito de «¡se sienten coño!». Condenado a 30 años de cárcel por los tribunales. Puesto en libertad condicional en 1996. Fue el último condenado por el golpe del 23-F en salir de la cárcel. Tiene ahora 88 años.
Alfonso Armada. 2º Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Condenado a 30 años por el Supremo. Utilizó el golpe para intentar hacerse con el poder. Indultado en 1988. Falleció en 2013.
Jaime Milans del Bosch. Teniente General y Capitán General de la III Región Militar. Sacó los tanques a la calle en Valencia. Condenado a 30 años. Puesto en libertad condicional en 1990. Falleció en 1997.
Luis Torres Rojas. General de División y Gobernador Militar de La Coruña. Condena de 6 años, ampliada a 12 por el Tribunal Supremo. Puesto en libertad condicional en 1988. Falleció en 2014.
Ricardo Pardo Zancada. Comandante de Infantería en la Acorazada Brunete. Condena de 6 años, ampliada a 12 por el Tribunal Supremo. Puesto en libertad condicional en 1987 e indultado en 1989.
Diego Ibáñez Inglés. Coronel de Ingenieros y 2º Jefe de Estado Mayor de la III Región Militar. Condena de 5 años, ampliada a 10 en el Supremo. Único condenado que murió en prisión, en 1987.
J. Ignacio San Martín. Coronel de Artillería y Jefe de Estado Mayor de la División Acorazada Brunete. Condena de 6 años, ampliada a 10 por el Supremo. En libertad en 1986. Falleció en 2004.
Miguel Manchado. Coronel. Condenado a 6 años, ampliada a 8 por el Supremo. Puesto en libertad condicional en 1985. Falleció en 2010.#Pedro Mas. Teniente Coronel de Infantería. Condenado a 6 años. Falleció en 1991.
Vicente Gómez Iglesias. Agente del CESID. Condenado a 6 años. Indultado en 1984.
Jesús Muñecas. Capitán de la Guardia Civil. Condenado a 5 años. Imputado en Argentina por un delito de lesa humanidad por crímenes durante el franquismo.
Juan García Carrés. Exdirigente de los Sindicatos Verticales franquistas. Condenado a 2 años. Único civil que pagó por la trama golpista. Falleció en 1986.
Otros militares condenados: Camilo Menéndez (Capitán de Navío, condenado a 1 año. Falleció en 1995); Carlos Alvárez-Arenas (Capitán Infantería, 3 años susp. empleo); José Pascual (Capitán Infantería, 3 años susp. empleo); Francisco Dusmet (Capitán Infantería, 2 años susp. empleo); José Cid (Capitán Intendencia, 2 años susp. empleo).
Otros condenados de la Guardia Civil: José Luis Abad (Capitán, 5 años); Enrique Bobis (Capitán, 3 años); Francisco Acera (Capitán, 3 años); César Álvarez (Teniente, 1 año); Pedro Izquierdo (Teniente, 1 año); Vicente Ramos (Teniente, 1 año); Santiago Vecino Núñez (Teniente, 1 año); Manuel Boza (Ten., 1 año); Jesús Alonso Hernaiz (Ten., 1 año)
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Alfonso Torices (texto) | Madrid y Clara Privé (gráficos) | Santander
Sergio Martínez | Logroño
Sara I. Belled, Clara Privé y Lourdes Pérez
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.