Aguirre acusa a la exministra Delgado de perseguir a su consejero por el 'caso Ciudad de la Justicia'

Mucho más relajada que la imagen que dejó en el juicio de la ramificación madrileña del 'caso Gürtel' en abril de 2017, cuando rompió a llorar a su salida de la Audiencia tras conocer el arresto de González, Aguirre ha comentado ante los medios de comunicación que en el caso del campus judicial hubo una mano negra para perseguir a su consejero.

Con su habitual verborrea, Aguirre señaló directamente a la exfiscal general Dolores Delgado como la persona que «dio la orden» para perseguir a Prada y el proyecto de la Comunidad de Madrid. Fue, detalló, poco antes de pasar de la Audiencia Nacional al ministerio de Justicia en el primer gobierno de Pedro Sánchez en 2018. Y metió en su ecuación al juez instructor del caso, José de la Mata, de quien dijo que cambió de opinión sobre Prada tras la intervención de Delgado pese a que antes concluyera que «no se había llevado un duro».

En este relato, sin embargo, Aguirre olvidó que quien presentó la denuncia ante la Fiscalía que abrió el caso fue el propio gobierno regional de Madrid presidido por Cristina Cifuentes. Ocurrió el 20 de abril de 2018, cinco días antes de que la exdirigente del PP dimitiera tras la difusión en el digital OK Diario del famoso vídeo del hurto de unas cremas en un supermercado ocurrido siete años antes.

Del mismo modo, Aguirre tampoco ha mencionado que la denuncia final en la que se señaló a su consejero la presentó la Fiscalía Anticorrupción, que no era el departamento en el que trabajó Dolores Delgado en la Audiencia Nacional, ya que era fiscal antiterrorista. Por último, fue el fiscal general Julián Sánchez Melgar, nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy, quien remitió el caso a Anticorrupción en abril de 2018, cinco meses antes de que el juez De la Mata comenzase a investigar estos hechos.

Dentro de la sala de vistas, Aguirre no asumió como una mala experiencia el hecho de que el proyecto fuera abandonado tras diez años de bandazos (2005-2015) y que por el camino se hubieran invertido 355 millones. Por el contrario, trató de darle la vuelta a la tortilla para meter en su relato al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o al actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

«Todo el mundo apoyaba la idea de levantar un Campus de la Justicia que reuniera en un mismo espacio todas las sedes judiciales madrileñas, como se había hecho en Barcelona o Valencia», ha apuntado. «Cuando digo todo el mundo, era todo el mundo de la Justicia, todas las entidades, desde el fiscal general entonces y actual presidente del Constitucional al presidente del Supremo, pasando por el presidente Zapatero....todos», enfatizó Aguirre ante el tribunal para evitar hablar de las presuntas irregularidades en la adjudicación de los contratos.

Sobre su consejero Prada, ha dicho que no lo cesó en 2008 como vicepresidente segundo y responsable de Justicia e Interior por su gestión, que «fue muy buena», sino por motivos políticos, porque él se aproximó al entonces presidente del PP Mariano Rajoy con el que la propia Aguirre discrepaba.

Sobre el presupuesto con que se contaba, explicó que, cuando se concibió el proyecto, «pensamos que era imposible» hasta que se obtuvo una cesión de terreno gratuita en Valdebebas (barrio de Madrid) con una extensión de «varios campos de fútbol» con posibilidad de alojar varios edificios que se unirían a través de túneles subterráneos, infraestructura esta última que ha señalado que también se construyó.

«Fue grosso modo, nunca hicimos una cuenta», ha admitido Aguirre a preguntas de la presidenta del tribunal, a la que volvió a relatar que el presupuesto se basó en el dinero que se obtendría de las subastas de los edificios de las sedes judiciales que se trasladarían al Campus. «Pensamos que ancha es Castilla, esto no nos va acostar, pero nos costó» porque estalló la crisis inmobiliario y financiera de 2010.

La Fiscalía Anticorrupción reclama ahora ocho años de cárcel para Prada por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. Además, solicita seis años para el resto de acusados, que formaron parte del equipo directivo de la empresa pública que gestionaba el proyecto o el responsable de seguridad del recinto entre 2007 y 2009, el comisario de policía Andrés Gómez Gordo.

El Campus de la Justicia fue impulsado por el ejecutivo de Aguirre en su primer mandato. En 2005 se creó una empresa pública para construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la comunidad. Las obras no se terminaron y quedó abandonado cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones.

Según el primer juez instructor, Prada y los demás acusados se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicarles de manera irregular distintos contratos: «Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación», señaló antes de decretarse el procesamiento y la apertura de juicio oral.