La agenda del 'procés' revela el rol de Mas, Rovira, Gabriel y el juez Viver en el comité estratégico

El informe, fechado el 28 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, se remitió al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y en el mismo se hace referencia al "indicio 8", en alusión a la "agenda grande de color negro de tamaño medio con la inscripción Moleskine".

Las conclusiones de estas anotaciones fechadas entre el 12 de febrero de 2015 y el 11 de noviembre de 2016 mencionan "la hoja de ruta y el proceso hacia la independencia para alcanzar la República catalana"; "el referéndum de independencia"; "estructuras de Estado"; "leyes de desconexión" y "estrategia de desobediencia".

"Se trata de una agenda que arranca el 12.02.2015 con anotaciones sobre estrategias políticas de ERC, pactos con CiU y CUP, recoge lo que se denomina ideas de fuerza, hoja de ruta y programa", señala la Guardia Civil, que el 20 de septiembre también halló el documento Enfocats por el que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido que se amplíe la investigación que afecta al comité de dirección del 'procés'.

Además del presidente Carles Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras y otros altos cargos y dirigentes políticos, en el comité intervienen representantes de las entidades soberanistas ANC, Omnium y AMI.

La agenda resume debates internos sobre el control o no de los Mossos y la necesidad de crear estructuras de Estado como un Banco Central o una Hacienda y Seguridad Social propias. En cuatro fases, dos de ellas fuera de la Constitución, el Govern pretendía desarrollar sus Aduanas, el Catastro, el Ente Gestor Integral de Tributos, el régimen fiscal general y la regulación específica de los tributos.

En anotaciones de marzo de 2016 se refleja que la empresa T-Systems "sería responsable de desarrollar parte del sistema a partir, parecerse inferirse, de la Hacienda Andorrana y a través de una joint venture con Everis". "Era necesario --según el informe-- trabajar con una plataforma SAP y dar cobertura legislativa. El objetivo era disponer de una base de datos final a partir de 162 fuentes de información: actividad, censos, bienes inmuebles, vehículos, entidades financieras".

En sus conclusiones, la Guardia Civil señala que ya en marzo de 2015 se habla abiertamente de república catalana, de independencia y de repercusión internacional. Al ser Jové 'hombre de confianza' del líder de ERC, se subraya en su agenda la visión de esta formación sobre diferentes aspectos como la negociación tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015 que acabó con Carles Puigdemont investido como presidente tras la renuncia de Artur Mas.

"Es ERC quien quiere crear un nuevo Estado en el seno de Europa, algo que considera que es romper con el poder establecido", indica el instituto armado. Para ello, el 6 de julio de 2015 establecieron una hoja de ruta con cuatro fases: "preparación del Estado, reconocimiento del Estado a nivel internacional, estructuras de Estado y medidas sectoriales". El proceso tendría una duración de 18 meses y en el mismo juega un papel relevante Carles Viver, jurista que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional.

En 2015 ERC consideraba "fundamental controlar áreas clave vinculadas al denominado procés aun a costa de ceder la presidencia a CDC", y ya se deja constancia de la "inquietud ante inhabilitaciones o multas". Por entonces también se considera relevante crear "una gran plataforma de debate ciudadano, utilizando para ello a Omnium Cultural y a la Asamblea Nacional Catalana, además de cerrar la estrategia con la CUP y tender puentes para que CSQP (Catalunya Sí que es Pot) y BCNComú (Barcelona en Comú) participen en el proceso constituyente".

Las anotaciones de Jové sobre las negociaciones del Govern continúan en febrero de 2016, cuando se consideraba que un referéndum no pactado y unilateral "no tenía sentido", aunque se pensaba internamente que la única manera de que internacionalmente se presionase al Estado era "ir hasta el final". "Anotaron expresamente que ello", dice la Guardia Civil sobre un referéndum sin pacto previo, "podría suponer hacer el ridículo".

El 30 de junio de 2016 se anota que Joan Vidal, gerente de Omnium y entonces secretario del Govern, es el encargado de "elementos relacionados con el referéndum tales como el censo de votantes, el registro de funcionarios voluntarios o la posibilidad de utilizar doble urna".

El debate generó división de opiniones, entre la que destaca la del director de comunicación del Govern, Clotet Planas, favorable a la declaración unilateral de independencia (DUI) "con efectos retardados ofreciendo seis meses de negociación".

En junio de 2016 es cuando asumen que tendrán que recurrir a la vía unilateral ante la ausencia de negociación del Gobierno de Mariano Rajoy. La estrategia se tenía que "revestir de legalidad y determinar qué papel jugarían otros actores como la Intervención General, la Administración Local o los Mossos d'Esquadra".

La lealtad de los Mossos es motivo de numerosas anotaciones. Fue Artur Mas el que el 8 de noviembre de 2016 aseguró que la policía catalana "haría siempre lo que les dijesen los jueces", sin que desde el Departamento de Interior se ordenara lo contrario. Su propuesta era "pactar las reacciones con la finalidad de coordinar la respuesta y ser eficaces en la gestión de la protesta".

El 31 de marzo de 2016 se estudia con la CUP la estrategia de desobediencia para "avanzar hacia la ruptura social y nacional", que consideran "la herramienta imprescindible para construir la República incluso negociando unos presupuestos fruto de la austeridad". Artur Mas plantea dudas sobre el papel del Parlament, qué harían las empresas o si se podría asegurar el tráfico financiero. El expresidente aboga por "calibrar bien las consecuencias de las reacciones del Estado".

El 31 de agosto de 2016 RR, a quien se identifica como Raül Romeva, insiste en incluir a los comunes en la negociación de un referéndum no unilateral. Las anotaciones de Jové prueban que la división va aumentando: Jordi Turull (JT) muestra su preocupación por la "desestabilización del Parlament" si los letrados cesan y generan inseguridad. Marta Rovira (MR) "quiso calmar la situación diciendo que eso se solucionaba teniendo claro adónde iban".

El instituto armado subraya que "en la práctica el calendario" que refleja Jové "se respetó casi en su totalidad", con la implicación de empresas públicas registradas por la policía judicial como el CTTI o el Idecast.

Es el propio Jové quien deja constancia de que "las decisiones serían colegiadas y que antes de la convocatoria estaría todo licitado y adjudicado a través de contratos marco con un calendario fijado sin olvidar la solicitud de los informes legales respecto al censo, aspectos penales y a implicaciones de posibles requerimientos del Tribunal Constitucional".

"Se ha evidenciado", dice la Guardia Civil, "que esta premisa de adjudicación a través de contratos marco se ha cumplido al menos en el desarrollo de la web del voluntariado, del envío de correo postal a través de Unipost y de la inserción de publicidad del registro de catalanes en el exterior y de difusión del referéndum a través de un anuncio de vías de tren, ambas a través de Focus Media".