Un informe voluntario elaborado por ADIF, el gestor de la infraestructura ferroviaria dependiente del Ministerio de Transportes, descarta irregularidades en la adjudicación de los contratos que el presunto «conseguidor» del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, aseguró que se habían logrado como parte de las supuestas ... corruptelas de la trama de comisiones en su escrito enviado al juez del Tribunal Supremo.
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El informe fue pedido por el ministerio dirigido por Óscar Puente y pretende entregarse al magistrado Leopoldo Puente en próximas fechas. Son 29 páginas que explican que «se ha realizado un estudio pormenorizado de la totalidad de los expedientes de contratación de obras y servicios de ADIF y su filial ADIF AV durante el periodo temporal que discurre entre los meses de junio de 2018 y julio de 2021, coincidiendo con la etapa de José Luis Ábalos al frente del ministerio. Se refiere a la totalidad de las mercantiles «que han sido nombradas por los diferentes medios de comunicación» en base al escrito incriminatorio de Aldama.
El documento hace referencia al proyecto de Presupuestos General del Estado del año 2021, que el investigado aportó al juez, y pone de relieve la «extraordinaria generalidad» de los elementos «subrayados» en esos documentos sobre obras presuntamente amañadas de carreteras y ferroviarias.
ADIF expone que «la documentación tomada como base se refiere a partidas presupuestarias que recogen corredores ferroviarios de centenares de kilómetros o conceptos muy amplios que, en la mayoría de ellos, incluyen en un mismo ejercicio presupuestario multitud de contratos, desde la ingeniería de redacción de los proyectos hasta asesoramientos, obra civil, suministros o servicios auxiliares».
En detalle, el informe acota el análisis a 373 contratos y señala que en tres de los epígrafes destacados como «potencial gestión irregular -LAV Valladolid-Burgos-Vitoria o Inversiones en Líneas de Explotación y Renovación de la Estación de Valladolid Campo Grande- no se ha iniciado ni finalizado expediente de contratación alguno durante el periodo investigado».
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Continúa indicando que, de los 220 contratos de ADIF, únicamente seis encajan dentro de los criterios de selección, pero «se descartaron» porque su tramitación se realizó fuera del periodo temporal investigado. En cuanto al resto de contratos, sostiene que «no son adjudicatarias ninguna de las empresas mencionadas» por De Aldama en su escrito.
Por último, señala que, de los 153 contratos restantes, una vez cruzados con la totalidad de las empresas que han sido nombradas por los distintos medios de comunicación, se han detectado siete coincidencias sobre siete expedientes de contratación. Pero el resultado de su análisis es que ninguna tramitación/gestión de dichos expedientes «ha devenido ni en la constatación ni incluso en la sospecha de algún trato de favor o actuación irregular».
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