Las acusaciones piden investigar un pago del novio de Ayuso al director de Quirón Prevención

Este movimiento de las acusaciones populares no solo provocó el aplazamiento de los interrogatorios, sino que echó por tierra, al menos de momento, el preacuerdo al que habrían llegado González Amador, por una parte, y la Fiscalía y la Abogacía del Estado, del otro, y que tenían previsto haber presentado el mismo martes a la jueza Inmaculada Iglesias.

El citado escrito no solo admite, como en un primer momento, que el empresario defraudó a Hacienda por valor de 350.951 euros en dos ejercicios, sino que también se sirvió de una trama de facturas falsas para ejecutar el engaño. Así, González Amador habría aceptado una pena de ocho meses de cárcel, lo que garantiza que no llegue a entrar en prisión. Cuatro meses de cárcel por cada uno de los dos delitos de fraude fiscal y pagar una multa del 40% de la cuota defraudada (60.000 euros por el año 2020 y 78.380 euros por 2021, así como la pérdida del derecho a recibir subvenciones o ayudas públicas o gozar de los beneficios o incentivos fiscales durante 18 meses).

El preacuerdo en suspenso también recoge las condenas para sus «cooperadores»: el mexicano Maximiliano Niederer para esos tres delitos y David Herrera Lobato -al frente de la trama ubicada en Arahal (Sevilla)-, que respondería como «cooperador necesario» en relación con el delito contra la Hacienda Pública de 2021 en concurso medial con el delito de falsificación en documento mercantil.

Pero toda esta negociación no se plasmó finalmente por el escrito de las acusaciones populares. En concreto, el PSOE ha pedido a la jueza que indague sobre el vínculo de la pareja de la presidenta madrileña con el director general de Quirón Prevención, Fernando Camino, y ha señalado una transacción entre ambos de casi 500.000 euros como uno de los indicios de posibles nuevos delitos.

Los socialistas señalan, además, que González Amador ganó casi dos millones de euros al principio de la pandemia como intermediario en una compraventa de mascarillas en la que estaba involucrada una empresa sanitaria propiedad de Camino, llamada Mape.

Meses después, detallan, se produjo una operación que interpreta como «alguna clase de retribución a Fernando Camino» por los favores que le debe Amador. Se trata de la compra por parte de Maxwell Cremona, la mercantil de González Amador, de la compañía Círculo de Belleza S. L., propiedad de María Gloria Carrasco, la esposa de Camino. En diciembre de 2020 Maxwell pagó 499.836 euros por esta compañía a pesar de que su capital social era de solo 3.300 euros. Círculo de Belleza solo contaba con máquinas antiguas sin valor de mercado y relacionadas con tratamientos de estética.

Por todo ello, la acusación popular solicitó a la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid la comparecencia de Camino y su esposa Carrasco. Del mismo modo, el PSOE relata en su petición una serie de indicios que a su juicio deberían ser considerados por la jueza para ampliar la investigación actual (dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil) a nuevos tipos penales : administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable. La instructora ya ha dado traslado a las partes para que valoren la práctica de estas diligencias.