Las acusaciones a los líderes del 'procés' llevan la legislatura al borde del naufragio

En política casi nada es definitivo y lo que hoy es blanco mañana o pasado puede dejar de serlo. Cosas más raras se han visto, pero a día de hoy la legislatura parece tener los días contados porque el Gobierno se va a quedar en minoría en el Congreso y sin posibilidades de sacar adelante las cuentas del próximo año. Ambas circunstancias eran las líneas rojas fijadas por Pedro Sánchez para no convocar elecciones generales anticipadas. Tras las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía a los líderes del 'procés', Esquerra y PDeCAT han roto los débiles puentes que hacían albergar esperanzas a Sánchez de llevar la legislatura hasta 2020. El presidente de la Generalitat de Cataluña, además, se siente liberado para hacer efectivo su ultimátum con plazo hasta noviembre y podrá materializar su ruptura de relaciones, salvo que se imponga el pragmatismo genético del nacionalismo.

La Fiscalía solicitó 156 años de cárcel para los nueve acusados de rebelión en diferentes grados, y 177 si se suman los tres exconsejeros a los que solo imputa malversación. La petición de 25 años para Oriol Junqueras es la más leve dentro de los supuestos de rebelión agravada, pero llama la atención que el teniente coronel Antonio Tejero fuera condenado por el golpe del 23-F a 30 años por rebelión militar consumada con ocupación del Congreso, toma de rehenes, amenazas y disparos. Las acusaciones de la Abogacía del Estado por sedición suman 95,5 años, y llegan a 116,5 con los tres acusados solo de malversación.

Una diferencia de trato que el Gobierno negó que fuera un guiño al independentismo ni que se debiera a instrucciones suyas a pesar de que la Abogacía depende del Ministerio de Justicia y representa las posiciones gubernamentales en los procesos judiciales. Pero fue un gesto de deferencia evidente, que la vicepresidenta y la ministra de Justicia no pudieron desmentir aunque para negarlo intentaron hacer comulgar con ruedas de molino en su argumentación.

El Gobierno catalán y las fuerzas independentistas estuvieron de acuerdo con el Ejecutivo socialista en que no hubo ni gesto ni guiño. Fue la única coincidencia. Para Quim Torra y los partidos soberanistas, los escritos de la Fiscalía y la Abogacía supusieron una declaración de guerra. Aunque esperaban unas acusaciones del calibre que al final tuvieron, un sentimiento de desazón se desparramó por el Palau de la Generalitat y en las sedes de Esquerra y PDeCAT. «Ha sido un mazazo», confesó uno de los colaboradores de Torra. Expresiones similares emplearon dirigentes soberanistas, que tenían la tenue expectativa de una acusación menor.

Una fe poco justificada porque la posición de la Fiscalía ha sido la misma desde la presentación de la querella en octubre pasado y no ha variado un ápice durante la instrucción. Tampoco había razones para confiar en en que la Abogacía rebajara más sus planeamientos, porque si bien se personó en la causa solo por el delito de malversación, en el transcurso del proceso elevó sus acusaciones hasta la rebelión.

El Gobierno empieza a hacerse a la idea de que ya no podrá contar con los 17 escaños que aportan ambas formaciones independentistas -Esquerra, nueve, y los neoconvergentes, ocho- que le han servido en estos cinco meses para sacar adelante, aunque a veces fuera a trancas y barrancas, sus planes legislativos. Sin ese apoyo, la mayoría de los 180 diputados de la moción de censura saltará por los aires, y la primera minoría del Congreso será la de los 166 escaños que suman PP y Ciudadanos. De nada habrán servido los numerosos guiños de la Moncloa y del PSOE, cada uno en su ámbito, a la Generalitat y a los grupos soberanistas.

Torra y Carles Puigdemont habían advertido que la de hoy era una prueba de fuego, y que ni siquiera el temor a una eventual victoria electoral del PP y Ciudadanos iba a impedir la ruptura con el Gobierno de Sánchez. Su convicción es que en el fondo no hay diferencias con Mariano Rajoy. Las formas, aceptan, son diferentes, hay más diálogo y voluntad de entendimiento. Pero en lo fundamental para ellos, léase la situación de los presos y el referéndum de autodeterminación, PSOE y PP son intercambiables. Un análisis compartido por la mayoría del mundo independentista. Incluso Esquerra, que representaría al sector más posibilista, reconoce que sus diputados no pueden ser socios del Gobierno de Sánchez a partir de este momento.

Los socialistas no tienen una mayoría parlamentaria alternativa y, aunque fueran gestos para la galería, sus invitaciones al PP y Ciudadanos a negociar las cuentas públicas merecieron un portazo. Sánchez no pierde la esperanza de reconducir la situación, pero entre los socialistas se atribuye ese enfoque a la terquedad endémica del presidente del Gobierno porque la realidad es la que es y los números son los que son. Solo un giro de 180 grados de las fuerzas independentistas, que no encuentran motivo político para darlo, podría dar un hálito de vida a la legislatura.