El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido este lunes para responder a un centenar de cuestiones ordinarias del órgano, ha rechazado aprobar una moción del bloque conservador sobre la aplicación parcial de la ley de amnistía por parte del Tribunal Supremo. Los ... diez vocales que integran este grupo, elegidos con el aval del Grupo Parlamentario del PP, han propuesto sin éxito que el pleno se manifestase sobre las críticas de varios ministros del Gobierno de Pedro Sánchez contra las resoluciones de los magistrados Pablo Llarena y Manuel Marchena en el marco de la causa del 'procés' catalán.
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Los diez consejeros propusieron incluir en el orden del día de este lunes un texto en el que defendían la independencia judicial en contra de "determinados ataques" de integrantes del Poder Ejecutivo. Para ello, han detallado que desde la constitución del nuevo CGPJ, el pasado 25 de julio, se han producido declaraciones que "exceden" la libertad de expresión y las críticas "moderadas y racionales" de las resoluciones judiciales.
Del mismo modo, han señalado que decir que el Supremo se extralimita al interpretar una ley, o atribuirle una actuación que "no hay por donde cogerla" y anunciar que solo buscan "retrasar" su aplicación a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, "son manifestaciones fuera de los límites que exige la separación de poderes y el respeto de los mismos".
Además, los diez vocales del bloque conservador (la mitad de los integrantes del pleno del CGPJ) aseguran que con esta críticas del Gobierno a Llarena o a Marchena (presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y ponente de la sentencia del 'procés') "solo se consigue el desgaste de la Justicia y el cuestionamiento de su independencia". "Resulta especialmente grave las manifestaciones provenientes de personas con altas responsabilidades institucionales y hacemos un llamamiento a su contención", remacha la propuesta del bloque conservador que no han logrado aprobar.
El Pleno del CGPJ ha aplazado, además, pronunciarse sobre los escritos remitidos por las acusaciones populares personadas en el 'caso Begoña Gómez', la investigación que sigue un juzgado de Madrid para aclarar las actividades laborales de la esposa del presidente del Gobierno. Del mismo modo, han fijado para el 2 de septiembre una nueva reunión para elegir al presidente o presidenta del órgano tras los dos intentos fallidos de julio y principios de agosto.
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Entre el más de centenar de cuestiones que han resuelto este lunes los 20 nuevos vocales del CGPJ (permisos a jueces, licencias, vacaciones o excedencias) finalmente no se vieron tres asuntos que afectan al instructor del 'caso Begoña Gómez'. En concreto, Vox, Hazte Oír y Manos Limpias reclamaron al Consejo que ampare al juez Juan Carlos Peinado frente a las críticas del presidente Sánchez y otros ministros de su gobierno.
En el caso de Vox se trata de una queja por la pasividad del órgano. Manos Limpias reclama la intervención del Consejo y el colectivo ultracatólico Hazte Oír "interesó la defensa de la independencia judicial frente a determinados ataques".
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Miguel Bernad, máximo responsable de Manos Limpias, denunció que el juez Peinado "está siendo objeto de acoso y descalificaciones permanentes de manera pública" por parte de ministros del Gobierno, "incluso descalificaciones en la Televisión Pública". "El aparato del Estado, el Ejecutivo, está coaccionando en el caso que nos ocupa al Poder Judicial, para tratar de quebrar la voluntad independiente de un juez. Se le acusa de cacería política, de proceso político para derrocar al Gobierno de una investigación endiablada y todo ello para transmitir a la sociedad la idea de un juez sectario y prevaricador", expuso.
Este pseudosindicato defendió que está legitimado para solicitar el amparo al CGPJ al estar personado como acusación popular y tener un derecho constitucional de que "a los jueces no se les presione ni descalifique en el ejercicio de sus funciones". La denuncia de Manos Limpias sirvió al juez para abrir diligencias contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, pese a que la Fiscalía no acusa.
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