La Audiencia Nacional desconoce hoy si la rebaja de penas afecta a 'Txapote' o no

En el trasfondo del interrogantes laten tres constataciones. Una, con carácter obvio y general: la ley, cuando entre en vigor, deberá analizarse y aplicarse caso por caso, de forma individual. Dos, la Audiencia Nacional decidió en diciembre de 2014, en un auto ratificado luego por el Supremo, acumular a 'Txapote' la pena de diez años de cárcel impuesta por Francia. Y tres, esto fue posible, lamentan juristas vinculados a las víctimas, porque los etarras internos en cárceles galas comenzaron a pedir el cumplimiento en España de la parte final de sus condenas en el país vecino.

García Gaztelu purgó así, de esos diez años, seis en suelo francés y cuatro aquí, quedando liquidados en 2011. El máximo de condena que debe cumplir 'Txapote' por lo que le queda son 30 años. Fuentes oficiales de la Audiencia Nacional constatan que, a fecha de hoy, su sección de ejecutorias desconoce el cálculo que se le hizo al terrorista y, en consecuencia, si le beneficiará o no la reforma; y, de hacerlo, en qué grado, porque podría ser un recorte que no acabara con su salida más o menos inmediata de prisión.

Con 'Txapote' convertido en el rostro por antonomasia de «la indignidad» del cambio legislativo que denuncian la oposición y las víctimas, la bronca política siguió generando decibelios. La actuación del portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, en el pleno del Congreso de este miércoles, en el que blandió un folio con fotografías de cargos socialistas asesinados por ETA para acusar al Gobierno de traicionar su memoria, se ha vuelto como un bumerán contra el primer partido de la oposición, en plena polémica por la aprobación de la reforma legislativa que, con su apoyo negligente, permitirá que cerca de cuarenta presos de la banda vean acortado el tiempo que debían permanecer en prisión.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) remitió hoy una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que pide que frene la iniciativa que concluirá su tramitación parlamentaria el próximo lunes, 14 de octubre, e impida su entrada en vigor. «El sentimiento generalizado es el de que están volviendo a matar a nuestros familiares, como si los terroristas estuvieran celebrando la victoria bailando sobre sus tumbas», señala en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press.

La presidenta de la asociación, Maite Araluce, ya tuvo ocasión de reprochar en persona la reforma legal al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un congreso de víctimas celebrado en Vitoria, pero ahora se dirige directamente a Sánchez para suplicarle que «no cambie por unos votos manchados de sangre [los de EH-Bildu] a las víctimas del terrorismo» y advertirle de que son «muchos» los ciudadanos de a pie que no entienden que el final del terrorismo de ETA lo estén escribiendo «los verdugos».

Sus argumentos no distan mucho de los del PP, pero las formas del primer partido de la oposición han levantado ampollas. Se las reprocha el PSOE, que hoy exigió la dimisión de Tellado, pero también los familiares de los socialistas asesinados por la banda e incluso Consuelo Ordóñez, la hermana del diputado popular Gregorio Ordóñez y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que el mismo miércoles salieron en tromba a censurar con dureza la utilización partidista de sus seres queridos. «No podéis dar más asco», llegó a decir Ordóñez en un mensaje en redes sociales. «Esta imagen -remarcó - será de las más repugnantes que me ha tocado ver en mi vida. Resume a la perfección lo que significan nuestros familiares asesinados por ETA para vosotros«.

Los populares trataron de redimirse ayer de su inoperancia al no haberse percatado durante la larga tramitación de la polémica normativa en el Congreso y el Senado de que una enmienda impulsada por Sumar, que además suprimía una disposición introducida hace diez años por ellos mismos en el ordenamiento jurídico, tendría los efectos adversos que ahora denuncian. Y lo hicieron llevando su exigencia al Gobierno para que retire la ley, antes de su aprobación definitiva el próximo lunes en el Senado, a un debate que ellos mismos habían solicitado sobre inmigración y con golpes de efecto como la escenificación de Tellado o la llegada al pleno de la hermana de Miguel Ángel Blanco, la senadora popular Mari Mar Blanco, en mitad de la intervención de Pedro Sánchez.

No fue solo una sino dos las veces que el portavoz del PP agitó frente a los miembros del Ejecutivo las fotografías de los socialistas asesinados. Primero, durante un enfrentamiento con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durante la sesión de control, en el que preguntó si merecía la pena cambiar seis votos, los de Bildu, por la dignidad de las víctimas. «¿Van a ser capaces en el PSOE de mirar a los ojos a sus familias?», arrojó desde su escaño. Después, mientras el ministro de Transformación Digital, Óscar López, aprovechando otra pregunta advertía: «Lo que no merece la pena es la basura que hacen ustedes usando a las víctima del terrorismo».

Entre las imágenes utilizadas por Tellado estaba la del que fuera gobernador civil de Gipuzkoa Juan María Jáuregui. Su hija, María Jáuregui, replicó a Tellado a través de la red social X: «A ver si eres capaz de mirarme a los ojos y decirme que no volverás a usar la imagen de aita como arma arrojadiza y a ver si de una vez por todas respetas su memoria». También Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe, primer teniente de alcalde socialista del Ayuntamiento de Lasarte-Oria y Sandra Carrasco, hija de Isaías Carrasco, concejal de Mondragón, ambos asesinados por ETA fueron contundentes en su expresión de repulsa.

Ninguna de esas críticas, sin embargo, parece haber hecho mella en el dirigente popular. Al llegar este jueves a la Cámara baja, ha argüido que «es normal que haya quejas de las víctimas de terrorismo porque la realidad es que el Gobierno está utilizando a las víctimas del terrorismo como moneda de cambio». Y ha insistido en sus ataques al Ejecutivo sin matiz alguno a su propia actuación. «Queremos llamar la atención de toda la ciudadanía sobre este hecho -ha defendido respecto a la modificación legislativa que hará que en el cómputo de años de prisión se tengan en cuenta los cumplidos ya en otro país de la UE-. El Gobierno puede parar este disparate y creemos que debe hacerlo».